María llevaba más de un año esperando la orden de desahucio cuando le comunicaron que la comisión judicial acudiría a su casa para echarla el 14 de mayo pasado. Pero no ha ocurrido. María del Carmen Andújar podrá seguir viviendo en su casa al menos tres años más, gracias a ser la primera persona que se acoge al decreto-ley de la Junta de Andalucía sobre la función social de la vivienda.

Su casa ha sido la primera en ser expropiada a una entidad bancaria (en este caso una financiera) por el especial interés social del caso y por el reconocimiento de que existe una necesidad de vivienda para personas "en especiales circunstancias de emergencia social". María tiene 41 años, está casada y es madre de cuatro hijos. Dos de ellos son menores (tienen 15 y 17 años) y viven con ella.

Cuando la situación económica empezó a ir mal su marido, que es cocinero, se quedó sin empleo; y con la prestación por desempleo y el exiguo sueldo que María gana como limpiadora, trabajando dos horas a la semana, apenas llegaban a los 800 euros de ingresos en su hogar. Así, les fue imposible hacer frente a la hipoteca.

Compraron su modesto piso en la calle Alonso de Ercilla de Huelva hace 9 años por 78.000 euros. En 2011, cuando dejaron de pagar la hipoteca, aún debían unos 20.000 euros.

Según cuenta María intentaron negociar con la financiera dueña de su hipoteca (A Y T Hipotecario Mixto III, Fondo de Titulación de Activos figura actualmente como titular) pero "se negaron". "El abogado fue a negociar con ellos, a ver si podían ampliarnos la hipoteca de 30 a 40 años, o quedarnos de alquiler, pero dijeron que no, que se quedaban con el piso", rememora.

20 minutos.es se ha puesto en contacto con A Y T Hipotecario Mixto III, desde donde aseguran que se encuentran "en pleno proceso de análisis", por lo que de momento no pueden "decir nada".

Ahora, por la expropiación de la Junta, María y su familia podrán vivir en su casa durante un plazo mínimo de tres años, pagando un 25% de sus ingresos en concepto de alquiler. "Hemos presentado muchos documentos pero al final puedo quedarme en mi casa, pagando un alquiler, pero en mi casa, que es lo que yo quería", explica emocionada.

"Es un alivio, porque me veía en la calle", asegura María, que al enterarse, este miércoles, no tardó en compartir su alegría: "llamé mi madre, a mi hermana, a mis hijos...".

María del Carmen es consciente de que es pionera, que es la primera persona que logra la expropiación del uso de una vivienda a una entidad bancaria. "Me siento muy satisfecha y feliz, aún no me lo creo", asegura a la vez que agradece el consejo y la asesoría de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Huelva (PAH), que la ha acompañado en el proceso.

"No sé qué pasará dentro de tres años. Ojalá entonces pueda hacer frente a la hipoteca y acabar de pagarla para quedarme en mi casa el resto de mi vida", concluye María, que asegura que, en caso de haberse hecho efectivo el desahucio, se habría tenido que ir "de ocupa, porque no tengo ningún otro sitio donde vivir".

Ahora, se abre un plazo de quince días para que la entidad financiera afectada pueda presentar alegaciones. Si no las hay o son rechazadas, se producirá la expropiación.

Tomás Gómez, miembro de la PAH, califica este hecho como "histórico" y asegura a este periódico que "nos da mucha fuerza y, a partir de ahora, los bancos se darán cuenta de que no lo tienen tan fácil y que esto va en serio". Sin embargo, "la lucha no puede terminar aquí, porque hay que tener en cuenta que solo los andaluces se pueden beneficiar de esta medida. El resto no tiene esa opción y, por desgracia, hay mucha gente en España pasando por un proceso similar", concluye.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba este jueves el anuncio del primer trámite de expropiación forzosa al banco del uso de una vivienda, tras la aprobación el pasado abril por la Junta de Andalucía del decreto-ley. Según la Junta de Andalucía en la primera fase de la aplicación del decreto-ley se verán beneficiadas por la medida unas 200 personas.

La Junta de Andalucía está tramitando un total de 63 expedientes de particulares que quieren que se lleve a cabo una expropiación temporal como la de María. A esas solicitudes, se sumarán previsiblemente otras 20, que se están preparando.

Entre los requisitos para aplicar esta medida la Junta de Andalucía exige la vivienda objeto del procedimiento hipotecario sea la residencia habitual y permanente del solicitante y que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa. Además, debe considerarse que el desalojo pueda generar situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las circunstancias en las que se concedió el préstamo.

Una vez resuelto el expediente se procede a expropiar el uso de la vivienda por un plazo de tres años y la familia beneficiaria deber destinar el 25% de la renta familiar para pagar el 2% del justiprecio (indemnización por los derechos expropiados) del inmueble.

Desde que se aprobó esta medida ha estado envuelta en la polémica. La Comisión Europea requirió tras su aprobación más información sobre los planes de la Junta de Andalucía y otras comunidades autónomas (también Canarias se sumó a este plan) para la expropiación del uso de viviendas pertenecientes a la banca y provenientes de procesos de desahucio, ya que dudaba de que esta práctica fuera compatible con los compromisos firmados por España para recibir la ayuda financiera europea.

El decreto introdujo además medidas de "incentivo" a particulares y "sanciones" a bancos e inmobiliarias para que"salga en alquiler el inmenso stock de viviendas vacías en Andalucía", que la Junta cifra entre 700.000 y un millón de viviendas, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.