Suspensión de funciones y multas de entre 3.000 y 30.000 euros, sin perjuicio de que puedan exigirse responsabilidades penales. Estas son las medidas que el Constitucional (TC) puede adoptar contra todo aquel que incumpla sus resoluciones y a las que por tanto podrían tener que hacer frente los dirigentes catalanes que promueven el proceso soberanista.

El alto tribunal ha recibido este miércoles el recurso del Gobierno contra la resolución de independencia aprobada el lunes por el Parlamento de Cataluña. En él se solicita la suspensión cautelar de esa iniciativa, en aplicación del artículo 161.2 de la Ley Fundamental, que establece la paralización automática durante cinco meses de una norma autonómica cuando la impugne el Ejecutivo central.

Los magistrados se reunirán de forma extraordinaria a las 16.30 horas de este mismo miércoles para estudiar el recurso y se prevé que lo admitan a trámite, con lo que la propuesta independentista quedaría en suspenso. Esta decisión judicial sin embargo no parece que vaya a frenar a Junts pel Sí y a la CUP en sus pretensiones soberanistas. El documento que salió de la Cámara autonómica especifica que "el Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional", al que consideran deslegitimado.

Ante esta perspectiva, el Constitucional podrá adoptar sanciones. El alto tribunal fue dotado con instrumentos para hacer cumplir sus decisiones tras la reforma de la Ley Orgánica que lo regula, aprobada el mes pasado con los únicos votos a favor del PP.

En base a esa reforma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 17 de octubre, en los supuestos de incumplimiento, los jueces solicitarán un informe a quienes debían acatar su resolución. Presentado dicho documento, o una vez expirado el plazo establecido para ello, será cuando se puedan imponer las sanciones.

La ley recoge no obstante que "en circunstancia de especial transcendencia constitucional" y cuando "se trate de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas", el alto tribunal podrá llegar incluso a actuar sin escuchar antes a las partes.

La recién aprobada reforma establece que el Constitucional podrá disponer en sus resoluciones quién ha de ejecutarlas y podrá acodar su notificación personal a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario. En el caso concreto de Cataluña, el recurso del Gobierno pide al TC que "notifique personalmente" la providencia de suspensión a Artur Mas, Carme Forcadell, a otras 19 personas "y, en su caso, a quienes resulten designados por el presidente de la Generalitat como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento de Cataluña".

El Ejecutivo solicita, asimismo, que se imponga a la presidenta de la Cámara autonómica y a los miembros de la Mesa la prohibición de admitir a trámite cualquier iniciativa que suponga el cumplimiento de la resolución suspendida. Y que el president y su equipo no puedan "promover iniciativa legislativa, dictar norma de rango reglamentario o realizar cualquier otra actuación con la misma finalidad".

El documento pide al TC que advierta a los aludidos de que pueden suspenderse sus funciones y también de que, en el caso de que incumplan el mandato judicial, podrían ser llevados a los tribunales por "delito de desobediencia".

Expertos constitucionalistas expresaron sin embargo hace una semanas a este diario sus dudas al respecto. "Al ser una declaración del Parlamento, por sí sola no produce efectos materiales. Expresa un deseo, una voluntad, pero para materializarse sería el Gobierno de la Generalitat el que tendría que empezar a actuar", señaló el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Eduardo Vírgala.

"Aunque la presidenta del Parlament dijese que mantiene la propuesta de resolución e inste a cumplirla, ¿cómo se constata esa desobediencia, si no se materializa en nada concreto?", agregó Vírgala. Y en cuanto al Govern, "para poder suspenderlo tiene que hacer algo, llevar a cabo alguna acción para materializarla, y de momento no está ni constituido. Hay que esperar".