El Gobierno no tiene intención de proponer al Parlamento la derogación del Real Decreto-Ley que amplió las funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), según afirmó ayer en el Congreso el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos.

Durante su intervención en la sesión del control al Gobierno, Clos dijo que el Ejecutivo ha dialogado de forma "constante y fluida" con la Comisión Europea (CE) para buscar una solución y que intentará llegar a un acuerdo con la Comisión Europea (CE), aunque no descartó que la disputa con Bruselas llegue al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Gracias a este Real Decreto-Ley, aprobado por el Gobierno el pasado febrero, la CNE pudo pronunciarse sobre la opa de E.ON sobre Endesa, operación a la que impuso 19 condiciones, entre ellas la venta de la central nuclear de Ascó I, las plantas que usan carbón nacional y los activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

El pasado 26 de septiembre la CE declaró ilegales los requisitos decididos por la CNE y dio al Ejecutivo dos meses de plazo para que justifique o ajuste a la legislación europea el decreto citado, norma que motivó la apertura de un expediente a España en mayo.

Joan Clos afirmó que la decisión adoptada la semana pasada por Bruselas reafirma la idea del Ejecutivo español de que es "necesario continuar el diálogo" con la CE y confió en que la negociación pueda "llegar a buen término".

El titular de Industria restó importancia a la decisión de la CE ("no es esta ni será la última vez que la CE cuestiona la legislación española o la de otros estados", dijo) y no descartó que la disputa con Bruselas llegue al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, aunque confió en que la situación no llegue tan lejos.