"La decisión adoptada la semana pasada por la Comisión Europea es jurídicamente vinculante, tiene que entrar en vigor de manera inmediata y está dirigida al Estado español y no al regulador de la Energía, por lo tanto es el Estado español quien tiene que garantizar la aplicación de la decisión de Bruselas", dijo el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd.

Además, el portavoz explicó que, dado que la decisión tomada por el Ejecutivo comunitario es jurídicamente vinculante, puede ser alegada ante un tribunal español por las partes afectadas, como E.ON o Endesa, para exigir su aplicación inmediata.

Ayer, el consejo de la CNE decidió en una reunión extraordinaria reiterar las diecinueve condiciones impuestas a la eléctrica alemana E.ON para comprar Endesa.

De esta manera, el informe que los consejeros remitirán al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reflejará tal cual el dictamen la Comisión Nacional de la Energía (CNE) considerado contrario al Derecho Comunitario por parte de la Comisión Europea.

Con esta decisión, los consejeros de la CNE dejan en manos de Industria la resolución de este asunto y hacen oídos sordos a la advertencia de Bruselas, que ha considerado ilegales las condiciones impuestas por el regulador a E.ON para hacerse con el control de Endesa.