La Comisión Europea declaró hoy que las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la opa de E.ON violan la legislación comunitaria y exigió al Gobierno español que las modifique.
Además, el Ejecutivo de la UE dio un paso más en el procedimiento de infracción contra España por la ampliación de las competencias del regulador energético, aprobada tras anunciarse la opa de la eléctrica alemana sobre Endesa , y le dio dos meses para justificarla o ajustarla a la normativa europea.
Según la Comisión, las medidas de la CNE infringen el artículo 21 del Reglamento de concentraciones comunitario, pues no respetan los principios de libre circulación de capitales y derecho de establecimiento.
Además, la decisión de la CNE, que obligaría a E.ON a desprenderse de importantes activos de Endesa, se adoptó y entró en vigor sin comunicación previa a Bruselas y sin su visto bueno.
E.ON, satisfecha con la decisión
La compañía alemana de suministro energético E.ON ha recibido con satisfacción la decisión de hoy de la Comisión Europea.
La decisión de la CE confirma nuestra opinión de que las condiciones impuestas por la CNE no están justificadas
El presidente de E.ON, Wulf Bernotat, dijo en el comunicado que "la decisión de la CE confirma nuestra opinión de que las condiciones impuestas por la CNE no están justificadas".
Decisión vinculante
La resolución adoptada hoy por la Comisión es vinculante y puede ser invocada ante un tribunal nacional o una autoridad pública en España.
Respecto a las nuevas competencias de la CNE, Bruselas envió a España un "dictamen motivado", el segundo paso del procedimiento de infracción, y le dio dos meses para justificar esa modificación legal.
Advirtió de que si no presenta una respuesta satisfactoria desde la recepción de esta petición, Bruselas puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión recordó que el decreto de ampliación de competencias de la CNE, aprobado de urgencia pocos días después de conocerse las intenciones de E.ON de hacerse con Endesa, faculta a este organismo a autorizar o denegar la compra de una participación significativa en empresas que realicen actividades reguladas.
Tras analizar la respuesta de España a su primera petición de información, Bruselas sigue creyendo que el procedimiento de autorización excede de lo necesario para garantizar el suministro mínimo de productos y servicios energéticos esenciales y puede resultar disuasorio para las inversiones procedentes de otros Estados miembros.
¿Y ahora qué?
Bruselas ha hecho esta advertencia a las autoridades españolas, tal y como se esperaba.
Lo que no se esperaba era el anuncio ayer de que el grupo constructor Acciona ha comprado un 10% de la eléctrica española , con lo que la intención de la empresa alemana se sumerge en un futuro de lo más incierto.
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