La Generalitat ha aclarado este martes que no estudiará de oficio la hipotética incompatibilidad entre el ejercicio del cargo público de concejal en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona) y el hecho de trabajar en la central nuclear del municipio para poder votar sobre la posible ubicación de un almacén nuclear en la localidad.

El Govern ha apuntado que será el Consejo Comarcal de la Ribera d'Ebre quien, tras la votación, decidirá si impugna o no el resultado del pleno, ya que recordó que son los miembros del Consejo quienes se plantean si el hecho de que algunos concejales de Ascó o sus familiares trabajen en la central puede ser incompatible con su participación en la votación sobre la candidatura a acoger el almacén.

El delegado del Govern en las Terres de l'Ebre, Lluís Salvadó, ha apuntado que cuatro concejales de Ascó (entre ellos el alcalde) están vinculados directa o indirectamente con la central nuclear y, por tanto, podrían tener "intereses" directos. En este sentido, ha apuntado que la Generalitat tiene el deber de hacer cumplir la normativa y estudiar si existe una vinculación causa-efecto y si existe esta incompatibilidad, algo que el Govern optó por dejar en manos del Consejo Comarcal.

Más de 6.000 personas, en contra

El ayuntamiento de Ascó ha aprobado en un pleno extraordinario su candidatura para acoger el cementerio de los residuos nucleares de todo el Estado, pese a la oposición del gobierno catalán, del movimiento ecologista y de las más de 6.000 personas que se manifestaron en contra. De esta forma, la candidatura de Ascó para albergar el almacén nuclear se suma a la del municipio de Yebra (Guadalajara).

Esta posibilidad había provocado en los últimos días manifestaciones en contra y avisos de apertura de expedientes informativos por parte de la dirección de los nacionalistas. Diferentes grupos ecologistas y dirigentes de ERC e ICV hicieron un llamamiento a la población que se opone al almacén para que se manifestaran ante el consistorio de Ascó.