Los acusados de los atentados del 11 de septiembre de 2001 volvieron este lunes a presentarse ante la comisión militar de Guantánamo (Cuba), singularmente Jalid Sheij Mohamed, el autoproclamado "cerebro" de los ataques, quien en su única intervención desautorizó a la corte con un "no hay justicia".

En un ambiente totalmente diferente a la caótica audiencia de mayo, los acusados, vestidos con túnicas blancas y algunos tocados con turbantes, se mostraron más colaboradores y contestaron a las preguntas del juez James Pohl, que autorizó a los acusados a decidir si quieren comparecer en el resto de audiencias esta semana.

El juez preguntó a cada acusado si entendía su derecho a estar presente en la corte durante las audiencias, pero también la opción de no hacerlo y los derechos que se pierden, como el de representarse a sí mismo.

"Sí, pero no creo que haya justicia alguna en esta corte", respondió sin inmutarse Sheij Mohamed, con una barba larga anaranjada teñida con henna, antes de que concluyera la audiencia, que se extendió durante más de siete horas.

La obligatoriedad de la asistencia de los acusados a las audiencias previas al juicio fue uno de los temas tratados en la vista de hoy, que fue retransmitida por circuito cerrado desde Guantánamo hasta la base militar de Fort Meade (Maryland) y a otras tres bases militares donde los familiares de las víctimas pueden seguir el proceso.

El abogado defensor de Ammar al Baluchi, Jay Connell, consideró que "el derecho de estar presentes pertenece a los acusados, no al gobierno", mientras que la fiscalía consideró necesario que estén presentes en todo el procedimiento.

Antes de concluir la sesión, la abogada de Walid bin Attash, Cheryl Bormann, pidió a la corte que considere una petición de la defensa para habilitar un nuevo sitio de trabajo, puesto que están hacinados, según ella, en una oficina en la que han detectado roedores.

Entre los temas que quedaron pendientes está la petición de derogar la cláusula de "presunta clasificación", con la que se pretende evitar durante las vistas la difusión de información secreta que el gobierno considera puede afectar a la seguridad nacional de EE UU.

Organizaciones de derechos civiles protestan contra la información clasificada

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) piensan que es un intento de mantener oculto al público los testimonios de los acusados sobre sus presuntas torturas.

"Hoy Jalid Sheij Mohamed ha dicho que no hay justicia en esta corte y vamos a demostrar que no es verdad", dijo su abogado civil David Nevin, en una rueda de prensa en la que se quejó de que esta cláusula no permite a su cliente ni a ninguno de los acusados contar lo que pasó cuando fueron supuestamente torturados en las cárceles secretas de la CIA.

Nevin señaló que su cliente fue torturado por el Gobierno de EE UU "no por una república bananera" durante tres años y medio y luchará para que se revoque esta cláusula, porque "si no quieres que alguien hable de tu programa secreto, no lo expongas, no tortures".

El proceso, que comenzó en mayo pasado, es el primero que se celebra desde que fueron instituidas las nuevas comisiones militares en 2009, por lo que todavía quedan detalles normativos que fijar.

Por otra parte, el comandante de la Marina Walter Ruiz, representante militar de Mustafa al Hawsawi, supuesto responsable de la financiación de los atentados, solicitó que la comandante Suzanne Lachelier, que fue miembro del grupo de representantes legales de Ramzi bin al Shibh, se sumara a su equipo defensor.

La fiscalía se mostró inicialmente en desacuerdo al considerar que podría darse un problema de conflicto de intereses.

"No tengo ninguna objeción en que la señora Lachelier ayude a mi hermano Mustafa, si él quiere", dijo a través de un intérprete Bin al Shibh, quien supuestamente iba a ser uno de los pilotos de los aviones con los que se perpetraron los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, pero que no logró visado para entrar en EE UU.