El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha asegurado este miércoles que espera "sentarse a negociar un calendario de pagos" con la Comunidad de Herederos que es propietaria de la parcela de 5,3 hectáreas situada en los terrenos de Finca Zambrana que el Ayuntamiento está obligado a expropiar con un coste total de cerca de 21 millones de euros según la sentencia judicial confirmada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

En declaraciones recogidas por Europa Press tras la celebración de una rueda de prensa sobre unas encuestas de hábitos comerciales, el regidor vallisoletano ha explicado a los medios de comunicación la situación tras la desestimación del recurso presentado por el Ayuntamiento de Valladolid contra la sentencia de diciembre de 2013 que condenaba a expropiar esta parcela, situada en las proximidades del Centro de Menores Zambrana y del nuevo hospital Del Río Hortega.

León de la Riva ha asumido que ahora, ya que la sentencia no deja opción para un nuevo recurso, "hay que pagar y negociar un calendario de pagos" con los dueños del terreno a quienes se debe expropiar la parcela por un precio valorado en 16,77 millones de euros, a los que se suman otros cerca de cuatro millones en distintos conceptos como el 'premio de afección', los intereses de demora y las costas del proceso judicial.

Según el regidor vallisoletano, estos pagos incidirán "mínimamente" en los presupuestos municipales y, como ha insistido, no se trata de "una multa o una indemnización", sino que el Consistorio obtendrá una parcela de 53.000 metros cuadrados que se podrá "poner el mercado a medio plazo" porque lo considera una zona "de expansión".

En todo caso, ha advertido de que la sentencia tampoco contenta a los propietarios, pues existe otro proceso judicial abierto mediante el cual los herederos del propietario original de la parcela elevan la reclamación económica a 96 millones de euros, si bien ha eludido pronunciarse sobre la posibilidad de aprovechar la negociación del pago de la expropiación para llegar a algún tipo de acuerdo sobre este segundo proceso.

No ha habido contactos con la familia

Asimismo, ha añadido que, si bien durante la celebración de la Comisión de Investigación que se creó para estudiar la gestión municipal con respecto al pleito con esta Comunidad de Propietarios se apuntó que estarían dispuestos a llegar a un acuerdo, en estos últimos meses no se ha realizado contacto alguno con la familia. De hecho, el regidor ha reiterado que desde 2007, cuando recibió a un representante de los demandantes que en aquel momento reclamaban la recalificación del terreno a suelo residencial, no le han vuelto a solicitar una reunión.

De hecho, el alcalde ha apuntado que en algún momento se planteó al Alto tribunal la posibilidad de "pagar" el terreno con "edificabilidad", algo que "no acepta la sentencia".

León de la Riva también ha recordado que la Comisión finalizó con unas conclusiones que determinaron que las responsabilidades de esta situación no eran políticas, sino técnicas, y así ha anunciado que mañana mismo se abrirá un "expediente informativo" a el o los técnicos responsables de que no se cuestionará la valoración de los terrenos en 16,77 millones de euros y de un "problema de cambio de fichas urbanísticas".

Prima la opinión del técnico

El regidor ha insistido en que fue un técnico municipal quien entendió que no debía presentarse alegación al informe de la Comisión Territorial de Valoración y que su planteamiento es que los representantes políticos "no deben hacer nada en contra del informe de los técnicos", pues en el caso contrario se les podría acusar de "prevaricación".

El primer edil ha añadido también que el proceso de esta parcela se remonta al año 43, cuando se expropiaron los terrenos por indicación del régimen del General Franco, para la construcción de determinadas dotaciones como un reformatorio y que en décadas después pasó a ser propiedad de la Junta de Castilla y León dentro del proceso de transferencias a las autonomías y, a su vez, terminó por revertirla a los herederos del propietario original.

Asimismo, ha reconocido que en una reunión con representantes de los demandantes en el año 2007, cuando reclamaron la recalificación del suelo de sistemas generales a uso residencial, no lo consideró "factible" e incluso ha añadido que "a cualquiera le habría sonado a pelotazo urbanístico" en una época en la que aún no había estallado la burbuja inmobiliaria.

También ha puntualizado que no será la primera ocasión en la que el Ayuntamiento se ve obligado a pagar a propietarios por la expropiación de terrenos pues afirma que durante muchos años el Ayuntamiento ha pagado "diez o doce millones de euros" a los propietarios de la zona del Camino del Cabildo donde en la etapa de Gobierno municipal del PSOE se construyó Centrolid.