Los trabajadores de 'Sálvame' piden el sobreseimiento de la acusación contra ellos por la operación Luna

El plató de 'Sálvame'.
El plató de 'Sálvame'.
Mediaset
El plató de 'Sálvame'.

La operación Luna, también conocida como operación Deluxe, acabó con la acusación del policía que supuestamente filtraba información de los registros y archivos policiales al periodista Gustavo González, con la imputación del propio periodista, además de a los directivos de la productora, La fábrica de la tele. 

Pero el juez también consideraba como investigados a varios trabajadores de Sálvame, donde se difundieron muchas de las noticias que supuestamente procedían de la información facilitada por el policía. Ahora, esos trabajadores, redactores del programa sin relevancia pública, han pedido el sobreseimiento de la causa contra ellos. 

En un escrito presentado en el juzgado el abogado que los representa deja claro que "quien accedía sin justificación policial a las bases de datos y después suministraba información a terceros era –sustancialmente— el Sr. Fernández Hita [el policía acusado], quién ha comparecido como investigado en las actuaciones".

Y en referencia a eso, el escrito asegura que "ninguno" de los trabajadores encausados "conoce al Sr. Fernández Hita, a quien no han visto en su vida y con el que nunca han contactado ni al que, desde luego, nunca le han solicitado ninguna información o dato".

Con quien sí hablaban los redactores de Sálvame, siempre en su papel de periodistas y en el ejercicio del derecho a información, según el letrado, era con González, quien "no era obviamente ni el único colaborador ni la única persona a la que podían acudir en el desarrollo de su actividad periodística para confirmar, contrastar o desarrollar informaciones".

Además, la petición de sobreseimiento alega que "no ha existido nunca ningún intercambio económico" y que los trabajadores afectados "no han satisfecho, ni directa ni indirectamente, ni a título personal ni por indicaciones de un tercero, ningún pago a ningún funcionario policial". 

El escrito se queja además de que se usen distintos raseros y que se acuse a los redactores de haber obtenido "extractos o copias de denuncias formuladas ante las autoridades policiales o judiciales", cuando los documentos de la propia operación Luna "se han divulgado hasta en sus detalles más ínfimos en distintos diarios de tirada nacional y en sospechosa sincronía con la personación de algunas acusaciones particulares", lo que "no deja de resultar irónico".

El escrito alude además a casos particulares, dejando claro que las denuncias policiales son objeto habitual de informaciones y que todas aquellas que se llegaron a publicar eran de "amplia trascendencia pública". 

La petición destaca errores de juicio a la hora de asignar cargos y responsabilidades a los trabajadores y de que "se haya adjudicada responsabilidades en el programa Sálvame a personas que no las tienen –se adjudica discrecionalmente la condición de director a personas que no lo eran— y se haya concedido la condición de investigado a personas que no sólo no han tenido ninguna relación con el Sr. Fernández Hita, sino ni siquiera con el Sr. González".

El abogado deja claro que no se ha puesto en tela de juicio ninguna de las informaciones difundidas, por ser "veraces" y siempre en el "ámbito periodístico" pues a pesar de Sálvame "es un programa dedicado a la crónica social", en él "se se abordan muy distintos tipos de asuntos vinculados a la actualidad en clave informativa".

Por último se alega que la actividad que ha provocado que los redactores hayan sido citados a prestar declaración como investigados en el presente procedimiento "ha sido la actividad que desarrollaban en el marco del programa Sálvame como periodistas. Ninguno de los redactores del programa –con la única salvedad de un supuesto que, en cualquier caso, en el que existía un elemento personal y que resulta absolutamente inocuo— han manejado información o documentos con fines distintos a los estrictamente informativos y al margen de su profesión como periodistas", la que estaría defendida por el ejercicio del derecho a la información.

Hace poco, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños y responsables de La fábrica de la tele, ya pidieron al Juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid el sobreseimiento para ellos por causas similares. 

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