Desde hace meses se habla de una nueva burbuja de la vivienda, como si este hecho fuese un huracán que se avecinase, condenando a nuestra sociedad a una destrucción inevitable, cuyos daños se antojan vacíos de responsabilidad. La previsión de un desastre natural ante el cual solo cabe la resignación y sujetar las ventanas hasta que pase la tormenta.

Sin embargo, las burbujas no aparecen, alguien debe soplar para hincharlas. Tal y como explica Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos, fue precisamente el Estado quien preparó esta burbuja en 2012 y 2013. A través de dos herramientas de especulación masiva, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el impulso de las socimi, para asistir a los bancos y fondos que necesitaban dar salida a la enorme bolsa de viviendas de la reciente burbuja hipotecaria.

La ley fue aprobada en 2013 por el gobierno de Rajoy, una medida que favorecía la especulación a través del alquiler, reduciendo los contratos de cinco a tres años y permitiendo el desahucio con solo un mes de impago. Una fácil rotación que, en plena crisis y con la devaluación de la compra de pisos, hacía del alquiler un jugoso mercado donde los grandes acaparadores podían volver a saquear a los sectores populares.

Al cóctel ya le habían echado antes los ingredientes perfectos para que fuese explosivo gracias a las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario o socimi. Estas sociedades fueron creadas por el Gobierno del PSOE en 2009 como 'vehículos de inversión inmobiliaria', pero fue de nuevo el PP en 2012 quien quitó el envoltorio al caramelo, librándolas del impuesto de sociedades y convirtiéndolas en una suerte de paraísos fiscales en España. El modelo extractivo de las élites, facilitar el aterrizaje de los buitres y estrangular a la gente trabajadora.

La respuesta de los sectores populares frente a estas nuevas formas de especulación salvaje ha hecho emerger nuevos procesos de organización popular como los sindicatos de inquilinos, que plantean la estabilidad de los contratos de alquiler, la limitación de precios y que proponen la negociación colectiva frente a los grandes tenedores.

No se puede olvidar la enorme responsabilidad política que tenemos los representantes en las instituciones frente a la nueva burbuja inmobiliaria, pero debemos hacerlo también desde una perspectiva democrática. En primer lugar, posicionándonos claramente frente a los buitres poniéndoles nombres y apellidos. Pero más importante aún, conjugando el verbo escuchar. Tomando en cuenta el criterio del movimiento popular y reconociendo que hoy en la primera línea de defensa del derecho a la vivienda está la gente que da un paso al frente y se organiza con sus vecinas y vecinos para defender sus derechos.

Sabemos que estas burbujas no son desastres naturales, que tras ellas mueven los hilos los buitres que buscan enriquecerse a costa de los bolsillos de la gente trabajadora. Estamos convencidas de que, frente al saqueo, nuestra obligación es poner las instituciones al servicio del pueblo, sin olvidar nunca que eso solo es posible si la gente se hace protagonista de sus propias vidas, se organiza y defiende sus derechos de forma colectiva.