Ahora que la sentencia del procés es inminente, resuenan los augurios sobre los escenarios de desobediencia civil que quizás se vivan en Cataluña como respuesta al fallo del Tribunal Supremo. Rompiendo mi regla particular de no hacer pronósticos como si fuera un Nostradamus de esos que predican el fin del mundo desde sus sofás, me atrevo a decirles que esta vez tampoco tendremos el apocalipsis esperando en la Plaza de Sant Jaume.

A Cataluña no le cabe una jugada maestra más de los líderes ‘indepes’. Y ni Barcelona es el Hong Kong de las revueltas democráticas ni España es el alien represor de las libertades que describen los fanatizados de guardia que distorsionan la realidad en el universo de medios del independentismo.

Algunos tal vez puedan seguir comprando esta historia de una presunta dictadura ibérica llena de Torrentes con toga que envían a prisión a los dirigentes de la revolución de las sonrisas por el simple hecho de poner unas urnas. Pero son los menos. El relato de la desconexión pierde también fuerza entre quienes se sintieron atraídos por la secesión exprés que prometieron Puigdemont y Junqueras.

Y ahora nuestro problema como país tal vez ya no sea qué va a pasar en las plazas y carreteras de Cataluña la mañana en la que se conozca la sentencia, sino cómo van a gestionar los catalanes el día posterior en una sociedad fracturada en dos mitades que necesitan seguir conviviendo.

El procés no dejará solo políticos presos, sino también familias y amistades rotas y ciudades y pueblos donde anidará el recelo. Esa va a ser la herencia del sueño de unos pocos que devino en pesadilla para todos. Y esa herencia de fractura social tardará mucho en ser digerida por la mayoría de los catalanes, piensen como piensen.