La sentencia dictada por el Tribunal Supremo cierra la vía judicial del proceso independentista en Cataluña, un problema político que nunca debió acabar en los tribunales y del que se ha demostrado que el soberanismo no supo calibrar sus consecuencias.

¿En qué momento pensaron que la maquinaria de un Estado no se pondría en marcha ante el desafío que suponía cortar por lo sano? ¿En serio creyeron que podían desobedecer las órdenes dictadas por el Tribunal Constitucional sin más? Porque la condena no es por poner las urnas el 1-O, va de desobedecer al Estado repetidamente durante dos meses.

Y ahora, cerrado este triste capítulo en el que tampoco la violencia policial para impedir el referéndum tuvo ningún sentido, debe empezar la etapa del diálogo. Una vez acatada la sentencia –porque ni el Govern ni el presidente del Parlament han llamado esta vez a la desobediencia– y de que el independentismo haga el duelo necesario para digerirla, es imprescindible empezar a hablar. Algo que debieron hacer desde el primer minuto y que la mala gestión de unos y otros no permitió. Deberán pasar las elecciones del 10-N, ya que la sentencia ha caído en plena precampaña, para que los políticos inicien el proceso urgente de cerrar las heridas abiertas en la sociedad catalana, y entre Cataluña y España.