Quien tiene un apartamento en el centro tiene un tesoro. Aquella vieja recomendación de comprar lo más cerca de la plaza del pueblo para garantizar la inversión cobra aún mayor sentido desde la irrupción de los llamados  alquileres turísticos. El fenómeno se extiende como la pólvora en los cascos históricos de las ciudades al aumentar de forma exponencial la rentabilidad de cualquier propiedad en la que pueda alojarse un ser humano.

A un piso de 80 metros con un par de habitaciones que antes se alquilaba por 900 euros al mes ahora se le pueden sacar más de 100 euros diarios. El resultado es un trasvase de inquilinos del uso residencial al turístico que empieza a ser masivo en las capitales con mayor atractivo para los foráneos.

Para los propietarios es un auténtico chollo porque, destinen el inmueble para uno u otro fin, están en condiciones de elevar su rentabilidad. Solo en el último año, el precio de los alquileres se ha incrementado en torno al 15% y la tendencia continua al alza. La cruz, en cambio, la llevan los inquilinos, muchos de los cuales han tenido que mudarse a un barrio periférico al cumplir el contrato de tres años que marca la ley y no poder afrontar los nuevos precios o ser directamente invitados a marcharse para dedicarlo al turismo.

Que la "turistificación" genera riqueza y puestos de trabajo es incuestionable. Estamos hablando de miles y miles de plazas hoteleras que se incorporan al mercado y que establecen con el sector tradicional una competencia que, bien ordenada, podría resultar incluso saludable. El peligro es que la extensión salvaje de la fórmula adquiera tal magnitud que arrase el uso residencial del centro de las ciudades quemando su atractivo. Semejante  pérdida de identidad sería pan para hoy y hambre para mañana. Por eso resulta imprescindible acometer cuanto antes un ordenamiento racional de esta actividad en la que todos puedan ganar y la ciudad no pierda.

Decisiones "manu militari" como la adoptada por el Ayuntamiento de Palma prohibiendo taxativamente el alquiler de pisos vacacionales en verano, con el argumento de que no fomentan el "turismo sostenible", tratan de poner puertas al campo  y ayudan poco a resolver el problema. Primero, es el Gobierno balear, que ya  elabora una normativa para regular la oferta de pisos turísticos, al que compete el asunto, y segundo, tal y como está planteada la prohibición, vulnera el derecho a la propiedad.

En un país como España, en el que el turismo tiene una importancia capital, resulta imprescindible gestionar con la mayor prudencia y equidad el conflicto de intereses que una  actividad de tal magnitud plantea. Se trata de lograr que los alquileres turísticos sean nuevas ventanas de oportunidad para el centro de las ciudades impulsando su rehabilitación, no el fantasma que los arruine.