En los últimos 20 años, el PIB español ha registrado un récord acumulativo de crecimiento real del 345,9 por ciento gracias a una mejora de 16 puntos porcentuales de la productividad; una mayor participación laboral, 15 puntos porcentuales; y un incremento de 13 puntos porcentuales de la población en edad de trabajar.

A partir de 2013 la economía española ha tenido capacidad de financiación exterior y ha mejorado su Posición de Inversión Internacional (activos menos pasivos frente al resto del mundo) aunque todavía es negativa, menos 80% del PIB. No se ha conseguido, en cambio, reducir la deuda externa bruta (pasivos que generan obligaciones de pago), situada en el 165 por ciento del PIB.

España posee una economía muy abierta en un contexto en el que no existe ninguna seguridad de que se reactive el comercio o el crecimiento de las áreas que más interesan, por eso no se puede vivir del pasado.

Tampoco es muy recomendable la costumbre española de dejar que se deterioren las cosas para aplicar tarde una solución drástica, pero el hecho es que la falta de gestión erosiona progresivamente los fundamentos de la economía en varios ámbitos: el déficit público, la deuda, la financiación autonómica y el mercado de trabajo.

Respecto del déficit público se puede ver que, en el reciente ciclo expansivo, no se ha eliminado, probablemente porque es estructural, es decir, o bien los ingresos son menores de lo que correspondería a la posición cíclica de España, o los gastos son mayores, o una combinación de ambos.

Ese déficit tiene que compensarse de algún modo y el recurso utilizado para esto ha sido endeudarse más, por esta razón, la deuda pública crece sin freno de desde 2008.

En 2013 la deuda por habitante era de 21.033 euros y al finalizar el primer trimestre de 2019 ascendía a 25.673 euros, pero en los primeros meses del año 2019, la deuda ha crecido de nuevo por encima del PIB. Si se desacelera el crecimiento de la renta, la deuda alcanzará el simbólico 100 por ciento del PIB. Esto significa que el Estado debe tanto como lo que se produce en el país.

Detrás de ese déficit sigue latente otro problema: el sistema de financiación autonómica, calificado por la Comisión de Expertos, creada en 2017, como "un sistema complejo y poco trasparente, con serios problemas de equidad y eficiencia".

Al cierre del primer trimestre de este año la deuda de las comunidades autónomas era de 296.658 millones de euros, equivalente al 24 por ciento del PIB, si bien las autonomías han mejorado en cuanto a reducción de sus déficits, no lo han hecho respecto a la deuda.

El modelo actual creó serios problemas durante la crisis y obligó a la Administración Central a implementar soluciones de emergencia para el rescate de numerosas Comunidades Autónomas.

En el actual y futuro contexto de envejecimiento de la población, o como dicen los demógrafos, rejuvenecimiento, las comunidades se enfrentan a un reto presupuestario estructural, porque de ellas dependen la sanidad y otros servicios, cuyo gasto per cápita sube a medida que la población cumple años.

Las autonomías más pobladas proponen que en el cálculo del reparto de fondos pese más el número de habitantes frente al tamaño de los territorios. Las demás comunidades creen que el reparto general del dinero entre autonomías debe garantizar niveles similares de servicios públicos en todo el territorio español, con independencia de la capacidad que tenga cada región para generar ingresos tributarios. Exigen para esto considerar el coste «real» de estos servicios y otorgar compensaciones por factores como el envejecimiento o la dispersión de la población.

En cuanto al empleo, tampoco se ven buenas señales, no es saludable que las Administraciones Públicas sean de forma permanente los creadores más dinámicos de empleo, como ha ocurrido en 2018, ejercicio en el que el empleo público creció al doble de ritmo que el privado. En el último trimestre de 2018 y el primero de 2019 solo creció el empleo público, el privado disminuyó.

Este es el problema más dañino de la economía, el desempleo, que se arrastra sin solución desde hace más de 35 años, probablemente por dos motivos: el primero, la rígida regulación de múltiples aspectos de las relaciones laborales y el segundo, un desajuste entre formación de la mano de obra y necesidades de las empresas.

En cuanto a la regulación, el modelo español ha dado preferencia a los pactos en el sector o en la provincia y, a veces nacionales, cuando en la práctica, el ajuste en un mercado tan complejo se produce en cada empresa. Como es obvio, las empresas no van bien o mal todas ellas al mismo tiempo, cada una lleva su propio ritmo. Si eso no se entiende el problema no se resuelve.

La regulación ha hecho más flexible el mercado de trabajo, pero ha tenido un efecto contrario al deseado, se ha abusado de esa flexibilidad mediante el recurso a las contrataciones temporales, hasta el punto de que se ha alcanzado una tasa de temporalidad cercana al 25% de los asalariados, una situación que perjudica tanto a la formación en las empresas, como al compromiso de los trabajadores con las compañías o a la mejora de la productividad.

Respecto de la formación, la educación primaria y las Universidades se han visto arrolladas por la velocidad del cambio que, en muchos casos, ha sido impulsado por las propias empresas, bajo la política de permanente búsqueda de la eficiencia.

Como consecuencia, las competencias profesionales tanto de los que estudian, como las de los que se han licenciado o trabajan, se cuestionan. La paradoja es que, entendida la fuerza laboral como un coste, las compañías creen que es un recurso caro para lo que hoy aporta y, por tanto, prescindible. Una auténtica revolución social.