Al hablar de los enfoques que se deben seguir para paliar los daños económicos derivados de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del coronavirus, surge inevitable el debate de si el Estado tiene que hacerse cargo de todo o si deben ser los privados, personas y empresas, quienes deben asumir, sin mayores pretensiones, su parte y que, por lo tanto, se generen ganadores y perdedores.

Esta será una cuestión que pronto empezará a generar un serio conflicto si el Gobierno no actúa para arbitrar, ordenar la situación y definir en términos jurídicos ante qué tipo de caso nos encontramos y qué alternativas existen.

Las empresas han empezado a comunicar por escrito a sus acreedores, desde la declaración del Estado de Alerta, que consideran la situación como de fuerza mayor y, por tanto, suspenden el contrato correspondiente.

La fuerza mayor es una institución jurídica que permite interrumpir o finalizar, en ciertos casos, las obligaciones que se devengan. De esta forma, bajo la consideración de fuerza mayor, esas obligaciones deben quedar suspendidas para que no acrecienten su importe.

María José López - Europa Press

Técnicamente, en un caso como el presente, de fuerza mayor generalizada, empresas y particulares quedarían mutuamente relevados del peso de esas deudas porque no se llegan a producir. No es que se aplacen. Es que no nacen.

Si esto es así, según el derecho civil, el Estado debe favorecer (y favorecerse a sí mismo) de la definición nítida y para todos de dicho instituto, mediante una declaración de inicio y final de sus efectos. Lo que permitiría salvar ese periodo y continuar con una economía movilizada, pero con un volumen monetario mucho más reducido de lo normal.

La situación es lo suficientemente sensible ya en el ámbito sanitario, como para no ser cuidadoso al analizar los impactos económicos que va a generar el cese de la mayor parte de la actividad económica y la vigencia e los contratos.

Tiene poco sentido reprochar ahora la falta de previsión, decisión y organización ante el riesgo de una epidemia que se ha gestionado, al menos, bajo dos sesgos que, sobre todo en la investigación, son siempre problemáticos: el exceso de confianza, “no hay motivo para preocuparse, los datos no lo justifican” y la ilusión de control, “este asunto tiene poco impacto y está muy controlado”.

EFE/Susanna Sáez

Afirmaciones realizadas a tan sólo unos días de establecer, casi recriminando a la población, medidas de confinamiento.

La dimensión del problema es la opuesta a la que siempre se dijo que sería

La dimensión del problema es la opuesta a la que siempre se dijo que sería, y los ejemplos aparecen tanto en el Gobierno central como en los autonómicos. 

Basta recordar que estos invitaban a las concentraciones masivas, como el alcalde de Madrid a visitar el Cristo de Medinaceli, o los gobiernos de Galicia y el País Vasco que no decidieron, hasta tres días después de declarase el Estado de Alarma, suspender la celebración de elecciones autonómicas en ambas comunidades.

El Gobierno estuvo entretenido desde mediados de enero en la creación de la mesa del dialogo con el gobierno autonómico catalán

El Gobierno, por su parte, estuvo entretenido desde mediados de enero en la creación de la mesa del dialogo con el gobierno autonómico catalán, la que permitió la investidura del presidente del Gobierno y que se reunió por primera vez el 26 de febrero.

La primera alerta sobre coronavirus fue recibida por la OMS el 31 de diciembre de 2019, institución que criticó a China el 13 de enero por ocultar la información sobre la dimensión del problema. La señal más clara del miedo que generaba este tipo de problema, apareció con la decisión de las empresas de no asistir al World Mobile Congress en Barcelona.

Se menospreció el riesgo y no se aprovechó el margen de maniobra que existía para dotarse de recursos y reforzar las defensas.

Si se leen los comentarios de una amplia mayoría de gobernantes y destacados contertulios y expertos, se entenderá por qué la ilusión de control impidió adoptar, al menos, medidas de preparación. Si bien es cierto que entonces el conocimiento sobre la epidemia era muy escaso, se menospreció el riesgo y no se aprovechó el margen de maniobra que existía para dotarse de recursos y reforzar las defensas.

Como no es momento para lamentaciones, sino recordar lo sucedido para no volver a rechazar ninguna hipótesis, las medidas ahora deben estar a la altura del problema que se ha generado y que necesita respuestas concretas más que lemas. En términos económicos y jurídicos significa que el Estado debe definir el coste de una actividad que se reduce progresivamente. No habrá nada que temer porque, si como se ha insistido, el problema y las medidas son temporales, el coste será solo temporal.

Así pues, sería útil que el Gobierno defina con nitidez el plazo de fuerza mayor y los efectos ordinarios y especiales. Actuar de esa forma sería equivalente a una especie de devaluación interna transitoria: menos ingresos y menos gastos, de manera que el dinero disponible sería mucho menor, como lo sería también el gasto. De esa forma, trabajadores, funcionarios y autónomos tendrían que afrontar el impacto de la crisis en situación más razonable.

Esto es lo que dice el código civil, en líneas generales, cuando prescribe que la fuerza mayor excusa del cumplimiento de la obligación. Es una pausa general que convierte el periodo de fuerza mayor (quizá más largo que el estado de alarma) en inhábil, de forma que no nazca crédito alguno derivado del simple paso del tiempo durante ese plazo.

La Administración dispone de expertos para darle forma jurídica y el Gobierno no puede otra vez encogerse de hombros y mirar para otro lado.