La responsabilidad social se encuentra en una encrucijada, a medio camino entre el impulso definitivo y el inmovilismo. Soy de los que piensan que, de manera inevitable, nos movemos hacia el primero de los caminos.

Cada vez es mayor el número de empresas, entidades y administraciones públicas que se encuentran decididas a avanzar en sus planteamientos y propuestas. 

Quizá, la existencia de un consumidor responsable cada vez más y mejor informado, que antepone en no pocas ocasiones criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno, tenga mucho que ver en este progreso. 

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Por otro lado está el papel de los medios de comunicación, que desde una perspectiva comprometida con la sociedad, se esfuerzan en dar visibilidad a una serie de compromisos que unos y otros vienen realizando en su empeño de desarrollar un mundo más justo y sostenible.

En los últimos años los avances en Responsabilidad Social no dejan de sucederse

En los últimos años los avances en la materia no dejan de sucederse. Para la correcta implementación de la agenda en materia de responsabilidad social no debemos descuidar el justo equilibrio delimitado por la voluntariedad, que emana de la propia definición de responsabilidad social, y la innegable consolidación de determinados preceptos cuando se legisla y se establecen líneas rojas que no admiten retrocesos. 

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Importantes avances hemos tenido desde las aprobaciones de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en 2013, norma referente en transparencia administrativa a nivel europeo e internacional, la consolidación de la figura del compliance officer con la modificación del código penal, la ley de contratos del sector público de 2017, que emanando de la transposición de las directivas europeas fija las pautas del desarrollo de cláusulas sociales, la ley de información no financiera y diversidad, que pese a los posibles complementos que unos u otros contemplamos incluye innegables avances como una obligatoriedad de reportar a partir de 2021 para las empresas de más de 250 trabajadores, hasta la aprobación del reciente real decreto-ley 6/2019 en materia de igualdad que establece la obligatoriedad de elaborar planes de igualdad para las entidades de más de 50 trabajadores a partir de 2021 o la obligatoriedad del registro salarial desagregado por sexo. 

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Los próximos meses, tras las elecciones, se tornan trascendentales para el desarrollo de la responsabilidad social. Esperamos los desarrollos legislativos de la ley de información no financiera que clarificará cómo reportar y cómo verificar los informes, de la ley de contratos del sector público que contará con los trabajos de la comisión interministerial de cláusulas sociales, del reglamento del real decreto-ley de igualdad que establecerá el modo de registrar la brecha salarial, decidiremos qué hacer con una estrategia de responsabilidad de la empresas cuya validez vence en 2020, de unos Objetivos de Desarrollo Sostenible y una Agenda 2030 que han dado visibilidad a la responsabilidad social pero que debemos mantener como herramienta, sin confundir la parte por el todo, de una normativa medioambiental y de emisiones que no deja de completarse y, entre otros desafíos, decidiremos qué hacer con un Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), que fue modélico internacionalmente en el momento de su constitución pero que en los últimos años ha sido inoperativo. 

Los próximos meses, tras las elecciones, se tornan trascendentales para el desarrollo de la responsabilidad social

Estoy seguro que entre todos, administración pública, agentes sociales y sociedad civil, seremos capaces en los próximos meses de encontrar ese diálogo y ese compromiso que, desde el correcto equilibro entre voluntariedad y cumplimiento normativo, nos haga avanzar en materia de responsabilidad social y como sociedad.