Joaquim Coll Historiador y articulista
OPINIÓN

La culpa no es de los jueces

Imagen de archivo de papeletas durante las elecciones del 27 de septiembre de 2015.
Imagen de archivo de papeletas durante las elecciones.
EFE
Imagen de archivo de papeletas durante las elecciones del 27 de septiembre de 2015.

El Govern de ERC y Junts ha respondido con exabruptos a la decisión del TSJC de suspender cautelarmente el decreto que desconvocaba las elecciones del 14-F. No parece probable que el tribunal vaya a cambiar de criterio cuando dicte sentencia. Los jueces no actúan para dar satisfacción a un mero legalismo. En un Estado de derecho son la salvaguarda de los derechos y las libertades fundamentales ante las decisiones arbitrarias del poder ejecutivo, incluso aunque estas se amparen en la mejor de las intenciones. 

Es indiscutible que la pandemia nos ha situado en un escenario excepcional, pero eso no permite a un Govern descabezado y en funciones suspender sine die la renovación de las instituciones, es decir, suspender la democracia, como advertí la semana pasada.

Cataluña sufre una situación de precariedad política que no puede prolongarse en el tiempo porque afecta a todo el entramado del autogobierno. Los jueces lo que hacen en sus consideraciones es subrayar lo que ahora se esconde con la excusa sanitaria. La presidencia de la Generalitat está vacante desde que Quim Torra fue inhabilitado a finales del septiembre pasado, y la convocatoria de las elecciones se produjo automáticamente ante la falta de un candidato para ser investido. 

Los partidos independentistas podían haber elegido a cualquier otro diputado si consideraban que las elecciones debían esperar ante un escenario pandémico bastante previsible a medio plazo. No lo hicieron, y eso sumió al Govern en una situación de provisionalidad que afecta al principio de control democrático porque el Parlament está disuelto, el vicepresidente no puede ejercer las funciones del president y el Ejecutivo está incapacitado para tomar grandes decisiones.

La maniobra para suspender las elecciones obedece a razones políticas

Los jueces no tienen la culpa de que el republicano Pere Aragonès haya firmado un decreto de tan dudosa legalidad, atribuyéndose atribuciones que no tiene. Tampoco la repentina decisión de posponer las elecciones parece justificada porque en Cataluña algunos datos epidemiológicos esenciales como la velocidad de propagación del virus estaban peor cuando se convocaron que ahora mismo. 

Finalmente, es falso que las elecciones sean un gran foco de infección y, como ha declarado el afamado médico Rafael Bengoa, si se hacen las cosas bien, votar el 14-F es tan seguro como hacerlo dentro de 3 meses. La maniobra para suspenderlas obedece a razones políticas. Por primera vez, los partidos independentistas podrían no sumar mayoría y la candidatura de Salvador Illa ha arrancado muy fuerte en las encuestas. 

La tentación de deslegitimar la votación es fuerte por parte del Govern, aunque por otra parte afirma que el dispositivo electoral es seguro. Con pandemia nada es normal, pero la culpa no es de los jueces.

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