El proceso independentista ha hecho saltar por los aires casi todo en Cataluña. La crisis política e institucional ha crispado la convivencia, dañando la imagen de Barcelona y restando oportunidades económicas. 

No obstante, también está sirviendo para dinamitar algunos falsos consensos sobre los que el soberanismo ha construido su hegemonía. El más importante es la cuestión lingüística, como se está poniendo de manifiesto con el nuevo rumbo que propone el PSC. 

En la ponencia para su 14 Congreso, que se celebrará dentro de dos semanas, se denuncia "la instrumentalización de la lengua" que han hecho los nacionalistas, rompiendo el pacto de convivencia, especialmente en la escuela. Frente a ello, apuestan por un modelo plurilingüe donde catalán y castellano se refuercen en función de cada realidad sociolingüística concreta.

Sobre el papel los socialistas no renuncian a la inmersión, que presupone que toda la enseñanza obligatoria se hace solo en catalán, sino que llaman a flexibilizarla. Se trata del inicio de un cambio largamente reclamado por una parte de la sociedad, que hasta ahora solo defendían Cs y PP o entidades cívicas como Asamblea por la Escuela Bilingüe. 

Durante años ha sido imposible abrir ese debate porque cuestionar la inmersión, para que el castellano también pudiera ser lengua vehicular en el aprendizaje, se consideraba un atentado al catalán y al mito de un sol poble. 

Lo más paradójico es que para "flexibilizar" el modelo actual no hace falta ningún cambio legislativo porque la praxis de una escuela monolingüe que el nacionalismo ha impuesto es ilegal e incumple los porcentajes que fijó el TSJC sobre un mínimo del 25% en castellano tras la heroica reclamación de algunas familias.

Perjudica a catalanohablantes y castellanohablantes

Lo cierto es que el modelo actual, intocable para los nacionalistas, hace aguas. Perjudica a los jóvenes catalanohablantes, sobre todo de la Cataluña interior, pues no les garantiza suficiente competencia lingüística en castellano. 

Este es un hecho reconocido por la propia Conselleria de Educación de la Generalitat, que el año pasado en un documento de expertos también proponía flexibilizar la inmersión, aunque dio marcha atrás ante la ola de críticas dentro del independentismo. 

Pero el modelo actual también discrimina a los castellanohablantes, privados de derechos lingüísticos, cuya lengua no recibe ningún reconocimiento afectivo. Una sociedad bilingüe como la catalana, que en la globalización requiere de un alto dominio del inglés, necesita una escuela plurilingüe y libre de injerencias políticas como las que ha sufrido con el procés.