Hoy se cumple un año de la sentencia que condenó a casi 100 años de cárcel e inhabilitación en total a los 9 miembros del gobierno catalán, a la presidenta del Parlament y a líderes sociales, hoy presos políticos: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

La mayoría de ellos cumplirán este primer aniversario encerrados en sus celdas.

Como se sabe, fueron condenados por sedición, un delito prácticamente inexistente, si no va acompañado de violencia, en el mundo occidental.

La incompetencia (¿voluntad?) de Mariano Rajoy para resolver un problema político y la ingenuidad de los hoy presos terminó con una sentencia vergonzante de los que se creen la defensa última de la unidad de España que, en realidad, es solo la defensa de los privilegios de unos pocos.

Son muchos, pero que muchos, los catedráticos de derecho penal, constitucional y procesal, que se pronunciaron contra la sentencia que hoy mantiene en prisión a los políticos y activistas catalanes.

Nada se podrá solucionar ni abordar en Cataluña si no se resuelve el tema de los presos.

Se habla mucho ahora de indultarles. Ellos prefieren ser amnistiados: no necesitan magnanimidad por un delito que no cometieron y, evidentemente, nunca van a pedir perdón, aunque legalmente no sea necesario. Con todo, si les indultan, será condición necesaria, pero en ningún caso suficiente para solucionar el conflicto.