El pasado lunes 31 de enero, un día antes de que se iniciara el período de sesiones correspondiente a este semestre, la ministra de Justicia, Pilar Llop, recibió a los portavoces de Justicia de los diferentes partidos en una ronda de contactos, donde nos trasladó los objetivos del ministerio y su agenda legislativa para los próximos meses.

En esa reunión, a la que asistí como portavoz de Justicia del grupo socialista en el Congreso, junto al portavoz de Justicia en el Senado, pude comprobar de primera mano la voluntad de la ministra, y del ministerio, de seguir la línea de cogobernanza, diálogo, transformación de la Justicia y modernización de la misma, alternando proyectos e iniciativas legislativas de gran calado y estructurales en nuestro futuro sistema, con otras iniciativas que se irán llevando a cabo fruto de la transposición de directivas europeas.

En este último caso cabe destacar la tramitación en paralelo de la nueva Ley Concursal y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de juzgados mercantiles, cuya tramitación parlamentaria comenzamos estas semanas y que está llamada a revolucionar tecnológicamente y simplificar procesalmente un mecanismo como es el del concurso de acreedores, así como profundizar en el mecanismo de la segunda oportunidad.

En relación con las materias troncales en este semestre es justo mencionar el punto en el que se encuentran las tres leyes de eficiencia, que son sin duda el eje central del proyecto Justicia 2030 y que están llamadas a transformar la Justicia en nuestro país, modernizándola y dotándola de recursos (aprovechando en este sentido la llegada de los Fondos NextGenEU), a la vez que se avanza en la transformación procesal, organizativa y digital. La Justicia del futuro está a pocos pasos legislativos de ser una realidad.

Estas tres leyes de eficiencia, reitero, están llamadas a transformar el Servicio Público de Justicia, con tres objetivos específicos: asegurar el acceso al ejercicio de derechos y libertades, mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia y contribuir a la sostenibilidad, la cohesión y la cogobernanza.

"La Ley de Eficiencia Organizativa pretende obrar una definitiva transformación organizativa a través de los Tribunales de Instancia y de la Oficina Judicial que les dé soporte"

En este sentido en breve tendremos en el Congreso, cuando el Consejo de Estado dicte su informe preceptivo, la Ley de Eficiencia Organizativa, una ley que introducirá los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial e instaurará las oficinas de Justicia en los municipios.

La Ley de Eficiencia Organizativa pretende obrar una definitiva transformación organizativa a través de los Tribunales de Instancia y de la Oficina Judicial que les dé soporte, introduciendo nuevas herramientas de gestión procesal y nuevas ventanillas de entrada al servicio público.

Estamos ante una oportunidad histórica donde los grupos parlamentarios estamos llamados a colaborar, a pensar en el interés de la Justicia y a trabajar de manera colectiva para hacer una mejor Justicia.

Ciertamente no contamos con que la ultraderecha, siempre ausente de las grandes reformas, de los grandes cambios y que da la espalda sistemáticamente al progreso, esté en la tesitura de dejar al lado sus soflamas, insultos y descalificaciones, pero sí que apelamos a la oposición responsable a que trabaje pensando en el bien común y en el futuro de nuestro sistema público de Justicia.

En este semestre es más importante que nunca interpelar al PP para que nos diga qué cara vamos a ver, si la cara del partido que lleva más de 1100 días bloqueando de manera vergonzosa y filibustera la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el PP que hace seguidismo de Vox y se instala en sus marcos mentales y electorales, o un partido con sentido de Estado que arrime el hombro y colabore.

Por el bien de todos esperamos no encontrarnos al partido que ha intentado boicotear los fondos europeos en Europa y que ha usado la pandemia para intentar erosionar al Gobierno.

Pero si fuera así, eso no obstaría a que una mayoría parlamentaria siguiera su rumbo por el bien de la Justicia, del interés general y del bien común.

Hay mucho trabajo por hacer y no vamos a parar a esperar a que otros arreglen sus problemas internos y su falta de definición.