Los temores que fue despertando el nuevo Gobierno a lo largo de su difícil y polémica tramitación han empezado a remitir conforme se fueron conociendo los nombres de los ministros de la coalición que se estrena. Las primeras dudas las suscitó la inesperada alianza con Podemos y se fueron incrementando de manera alarmante ante los tira y aflojas en las negociaciones indeseadas con una parte importante del secesionismo catalán que al final contribuyó a hacer posible la investidura.

Pero el juego de la política consigue milagros y una buena parte de las dudas comenzaron a disiparse conforme se fueron conociendo, ya digo, los nombres y los perfiles de los miembros del Ejecutivo, que hoy se estrena: el primer Gobierno de coalición desde la Transición, el más numeroso en el número de carteras (veintidós), y el más plural territorialmente y más variado en perfiles personales y políticos.

La primera impresión —y así fue confirmado por el presidente, Pedro Sánchez—, es que se trata de un Gobierno más técnico que político, con una clara orientación económica que prevalece sobre los demás problemas y retos que tendrá que enfrentar. Los análisis más perspicaces ven en el reparto de responsabilidades una clara disolución del grupo de ministros “podemitas” cuyas funciones sociales quedan marcadas estrechamente por el rigor de los gestores del presupuesto.

La propia figura de Pablo Iglesias, que aspiraba a ser el número dos, ha quedado eclipsada al tener que compartir la vicepresidencia que tanto ambicionaba con otras tres. Para el mundo empresarial y financiero comprobar que la revolución que propugna Podemos no va a tener mucho campo de maniobra está suponiendo un alivio. Mientras tanto, la reiterada promesa anunciada por Sánchez sobre su objetivo de gobernar en base al diálogo social, territorial y generacional también resulta relajante.

El problema catalán está presente, como no podría ser menos, en declaraciones, cumplimiento de promesas sobre la mesa de negociación y voluntad de entendimiento, pero aparentemente relegado a un asunto más a abordar entre tantos como plantea la agenda política para los próximos meses y años. Quizás un aspecto importante y no muy difundido es la incorporación a las exigencias de los cambios que se están produciendo en la sociedad mundial y la acomodación de las nuevas generaciones a un futuro que ya es presente.

Sánchez ha sintetizado la agenda de atenciones prioritarias en seis objetivos: Crecimiento económico —fundamental para crear puestos de trabajo y mejores condiciones de vida—, el diálogo territorial —no solo con Cataluña—, la justicia social, la transformación digital, la defensa del medio ambiente y la igualdad de género. Un programa poco discutible bajo la intención de conseguir una España de consensos y no de insultos.

La pluralidad del Gobierno plantea de partida incógnitas sobre la dualidad de los dos grupos que integran la coalición. Sánchez e Iglesias han pactado que cada ministro hablará de las cuestiones relacionadas con sus competencias y no sobre la actuación global del Gobierno. El presidente lo matizó de alguna forma cuando afirmó que el Ejecutivo hablará con varias voces y una sola palabra.

Buenas intenciones, buenas aclaraciones —algunas con retraso— y buenos propósitos. Ahora queda abierta la reacción de la oposición. Las dudas que plantea se ajustan a tres preguntas: ¿Aceptará la propuesta de diálogo, concederá al nuevo Gobierno los cien días de clásica cortesía parlamentaria y, finalmente, se avendrá a abandonar el tono bronco y agresivo de los últimos tiempos para abrirse a formas más correctas y no necesariamente menos duras al enjuiciar al Ejecutivo?