Escuchando a Pablo Iglesias, entran dudas sobre la calidad de la democracia española. Según el ranking internacional, está entre las veinte más consolidadas del mundo y, si echamos un poco la vista atrás, entre las que más costó conseguir a los responsables que tuvieron la fortuna de no tener al actual vicepresidente segundo del Gobierno para obstaculizarla primero, censurarla después y esforzarse por dar al traste con ella.

Algún tiempo atrás, cuando Pablo Iglesias todavía no la estigmatizaba con sus observaciones, sus actuales devociones políticas y el desprestigio que causan en el exterior sus excesos verbales y comportamientos bochornosos, como la adscripción al Presupuesto del Estado del sueldo de la niñera de sus hijos, nos enorgullecía. Ahora un estudio a fondo de su crítica a nuestro sistema constitucional y su exaltación del ajeno, como el ruso, lleva a conclusiones primero circenses y, enseguida, indignantes para el grueso de los españoles.

La democracia española no es perfecta –nada lo es– y en el modelo concreto de España no lo es porque juzga y penaliza a los que violan las leyes en lugar de seguir el modelo residual soviético, que a sus opositores los envenena y cuando no consigue matarlos, los encarcela. Esa es una democracia perfecta en opinión de Iglesias, aunque casi nadie más la valore favorablemente.

Como lo son también las dictaduras que rigen en Cuba, Corea del Norte o Venezuela, donde el régimen de Maduro además de castigar a garrotazo limpio a los opositores, los condena a la miseria e intenta impedir que huyan a otros países en busca de libertad y justicia. Cinco millones lo han conseguido y otros tantos esperan el momento de escaparse.