La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, ha reclamado este miércoles al Gobierno central que conceda a Novacaixagalicia el Esquema de Protección de Activos (EPA) solicitado y ha defendido que se trata de una vía que abre el propio decreto de reforzamiento del sistema financiero en su artículo noveno, al referirse a "otros" instrumentos que pueden ser utilizados por las entidades, entre los que interpreta que se encuentra éste.

En su intervención en respuesta a una interpelación del PSdeG en el pleno del Parlamento gallego, Fernández Currás ha afirmado que la disposición transitoria cuarta —a través de la que las uniones catalanas pidieron una segunda tanda de ayudas al FROB 1 y a la que también querría acogerse la caja gallega— unida a este EPA "minoraría las necesidades de capital" de Novacaixagalicia.

Asimismo, ha considerado que esta vía permitiría que "no todo el capital llegue de fuera de Galicia", sin perjuicio de que la entidad recurra a "una parte" de dinero del FROB 2 —el Estado entraría como accionista en el nuevo banco que está creando la caja—, con una salida pactada en dos años, momento en que Novacaixagalicia recompraría al Estado las acciones adquiridas, según la opción defendida por el Gobierno gallego.

La conselleira ha rechazado que se compare esta situación con la de CajaSur, pues la entidad andaluza tenía "un quebranto de 800 millones de euros" y el Esquema de Protección de Activos concedido cubría 300 millones. Esta alternativa, que supone que el Estado actúe como aval para el caso de que las pérdidas esperadas de la caja se materialicen, ya fue planteada por Fernández Currás en una carta remitida el pasado viernes al Ministerio de Economía para explicar el pacto entre PPdeG y PSdeG en el Debate sobre el Estado de la Autonomía.

Para la titular de Facenda "no es nada estrambótico" y, de hecho, se trata de una fórmula utilizada "en toda Europa". Así, ha defendido que las probabilidades de que se produzcan tales pérdidas "son muy bajas", dado el saneamiento hecho por la entidad gallega, y el aval aportaría más valor a Novacaixagalicia.

Estas sobredotaciones de la caja, que provisionó el 122% de las pérdidas esperadas según los test de estrés del verano pasado, la hacen "acreedora" de un esquema de Protección de Activos, ha afirmado Fernández Currás.

Soluciones de futuro

Por su parte, la portavoz del PSdeG en el debate, María José Caride, ha reprochado a la conselleira que no aclare cuáles son los planes de la caja para cumplir con los nuevos requisitos de capital y le ha recriminado que afirmase que "faltó decisión" en el anterior Gobierno bipartito en materia financiera.

Caride ha reclamado a la Xunta que "abandone la teoría de la conspiración" y que inste a Novacaixagalicia, "olvidando la confrontación con el Gobierno" estatal, a buscar una solución para su futuro. Además, ha recriminado que, pese a que el PSdeG "tendió la mano", el Ejecutivo gallego "no la quiere", pues desea "anotarse en solitario" un posible éxito y atribuir la responsabilidad de un fracaso al Gobierno central.

El portavoz del BNG en materia de economía, Fernando Blanco, ha insistido en que el acuerdo parlamentario era "mantener la caja gallega tal y como era" y que los nacionalistas mantienen esa postura. "Fueron otros los que cambiaron", ha criticado. Además, ha afirmado que "no hubo injerencia política" en las decisiones de las cajas en la pasada legislatura, sino que se produjo "indiferencia" y cada fuerza política debe asumir su responsabilidad por ello.

Negociación en madrid

Blanco ha considerado que, por la contra "sí hubo injerencia" del Gobierno central y ha vuelto a pedir a la Xunta que recurra el decreto. Los populares, ha dicho, "confiaron al caballero Rajoy" la negociación para hacer cambiar de posición al Ejecutivo estatal, pero éste "tiene otras prioridades".

En representación del PPdeG, Pedro Puy ha censurado la "irracionalidad" del decreto, que "ni mejoró la credibilidad de España ni de su deuda soberana ni la circulación del crédito". Además, ha agregado que la Xunta y los populares no hablan de conspiración, sino de que la nueva norma tiene "efectos significativamente distintos en unas y otras entidades".