La responsable de Autonómica de CSIF-A, Alicia Martos, ha presentado este martes las alegaciones remitidas a la Junta de Andalucía sobre los estatutos de las diversas agencias públicas que se van a crear dentro del proceso de reordenación del sector público andaluz, unos estatutos que, a juicio de CSIF, "convierten a esas agencias en reinos de taifas, al permitir que cada una establezca sus reglas".

Asimismo, Martos ha criticado la "exclusión" efectuada por la Junta en el proceso de negociación de dichos estatutos, donde "llegó a celebrar una mesa general el día 14 de marzo, cuando el plazo para presentar alegaciones acababa el 18 de marzo, no esperó a que acabara ese plazo".

La responsable de CSIF ha indicado que las alegaciones "parten del absoluto rechazo a la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, diametralmente opuesta a nuestras peticiones". En ese sentido, ha anunciado que el sindicato "recurrirá ante los tribunales cada procedimiento administrativo que dimane de esa Ley y que conlleve la reordenación", esto es, además de la propia Ley, los estatutos de las agencias, el plan inicial de actuación, los protocolos de integración "e incluso las RPT (relación de puestos de trabajo".

"La Administración no nos ha dejado otra salida que recurrir y acudir a los tribunales", ha agregado Martos, quien no entiende las "prisas" para acometer esa reordenación de algo "tan importante como la función pública", de manera que "se podía haber hecho de forma más sosegada y hablando con todos los sindicatos; la Administración se debe replantear esto".

La dirigente sindical ha lamentado que en el caso de los directivos de esas agencias públicas "se ha introducido una modificación, fruto de las enmiendas parlamentarias, de forma que si antes se exigía que los directivos de las agencias con potestades administrativas fueran funcionarios, ahora se añade la posibilidad de que sea elegido por el Consejo de Gobierno de la Junta".

Asimismo, lamenta que en la Ley y en los estatutos "se contempla que cada agencia pueda gestionar su propia oferta de empleo público y de plazas, cuando debe existir una unificación de criterios; debe existir una oferta única para toda Andalucía de todas las agencias y no convertir esto en un reino de taifas ni permitir que la oferta de empleo público quede dividida y fragmentada".

CSIF demanda que la oferta de empleo público de estas agencias "se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y se suprima el concepto de 'medios oficiales' que introduce mucho oscurantismo y falta de transparencia".

También pide en sus alegaciones que la contratación de personal temporal de esas empresas "tenga los mismos controles que el personal interino de la función pública, con las mismas garantías de selección para el personal fijo, sea funcionario o laboral".

Martos critica que, según figura en los estatutos de cada una de las agencias, estos nuevos entes "asumen la misma finalidad que cada una de sus consejerías matrices, lo cual provoca cierto desconcierto", ya que "las agencias tiene un marco legal para poder hacer todas las funciones que son competencia de la Consejera, con lo cual además hay duplicidad de funciones".

Ha agregado que los estatutos "contemplan que cada agencia efectúe su evaluación de desempeño, con las consiguientes retribuciones en función de una serie de objetivos, a eso nos negamos, pues puede introducir elementos de arbitrariedad".

Asimismo, critica que los estatutos contemplan la creación de un plan inicial de actividades, con una vigencia de cuatro años "al cabo de los cuales la Ley reserva la potestad sobre la continuidad de sus agencias, lo cual introduce inseguridad jurídica".

Martos ha indicado que con la creación de las agencias "se cuela y se deja entrar en la función pública a 20.000 trabajadores procedentes del sector privado; se está reconvirtiendo empleo privado en empleo público". En ese sentido, ha explicado que el sindicato ha pedido a cada una de los entes cuyos trabajadores pasarán a las agencias "que nos expliquen cómo han accedido sus trabajadores a estos entes, las bases de la convocatoria, cómo se ha baremado, el número de plazas o el número de solicitantes, entre otros aspectos, de forma que "esos empleados deben acreditar sus méritos".

Para la dirigente sindical, será el personal laboral el que posiblemente se vea más "perjudicado" por la entrada del personal de esos entes. Asimismo, ha aseverado que esas nuevas agencias supondrá "detraer plazas de la oferta pública de empleo, que ya están bastante mermadas".

"Se va a registrar una fragmentación de las relaciones laborales", ha lamentado Martos, quien tras criticar que "la transparencia ha brillado por su ausencia" ha reiterado que estas agencias "constituyen un reino de taifas, donde cada agencia podrá establecer incluso sus horarios".

Sobre la convocatoria de movilizaciones, Martos ha apuntado que seguirán con la batalla judicial y en las calles, aunque ha advertido de que el sindicato "no va convocar movilizaciones que pueda suponer ir en contra de los empleados públicos", y en ese sentido, ha asegurado que el sindicato no convocará protestas en actos de la campaña electoral de las elecciones municipales.

"Se irá valorando en cada momento las medidas que efectuemos y se irá sondeando la opinión de los empleados públicos en ese sentido", ha agregado Martos, quien ha citado, entre las acciones previstas, la realización de asambleas en los centros de trabajo, ya que "la Junta, que es el empresario, no está informando a sus empleados", además de concentraciones en los centros de trabajo.