El Partido Popular se compromete, en el programa-marco que presentará a las elecciones autonómicas del 22 de mayo, a implantar "auditorias especiales sobre gestión urbanística" y a "reforzar el control sobre la aprobación y seguimiento de los convenios urbanísticos".

En medio de los casos de corrupción urbanística que han afectado estos años a 'populares' y socialistas, el partido de Mariano Rajoy incluye estas propuestas en un documento de 47 páginas que se aprobará los días 4 y 5 de marzo en el marco en la Convención autonómica que van a celebrar en Baleares, con la asistencia de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular.

En el citado programa, el PP anuncia que elaborará un Código Técnico de la Urbanización Sostenible, que implante en los nuevos desarrollos urbanos las mejores prácticas medioambientales en materia de arquitectura, equipamientos, servicios, ruido, agua, energía, transportes, comunicaciones y residuos. También promete agilizar y simplificar los procedimientos de tramitación de los instrumentos de desarrollo urbanístico.

Impuesto de transmisiones patrimoniales

En el capítulo de vivienda, el PP adelanta que modificará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, "evitando su efecto cascada", al tiempo que impulsará "el fraccionamiento y aplazamiento del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales".

También dice que dará prioridad a la promoción de vivienda protegida en alquiler y a los programas de arrendamiento con opción a compra, y que destinará a la promoción de viviendas sujetas a protección pública hasta el 50 por ciento del aprovechamiento del suelo de los nuevos desarrollos urbanísticos.

En el capítulo dedicado a los mayores, el Partido Popular propone "favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas que lo deseen", una propuesta que ha defendido en reiteradas ocasiones Mariano Rajoy con motivo del debate sobre las pensiones.

Reforma de la ley de estabilidad

El PP lleva a su programa marco algunas de las medidas que ya ha planteado estos meses en el Parlamento, como una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que establezca techos de gasto y endeudamiento para todas las administraciones.

En este apartado, anuncia que prohibirá el aumento de los techos de endeudamiento de todas las administraciones por encima de los inicialmente previstos y que proporcionarán información mensual sobre la ejecución presupuestaria de todas las comunidades autónomas y ayuntamientos. También promete "endurecer la responsabilidad contable de los gestores públicos que incumplan las normas de disciplina y especialmente de transparencia".

En el capítulo de políticas de empleo, se compromete a impulsar la reducción de la tipología de contratos laborales "para eliminar la fuerte dualidad entre empleo indefinido y temporal". "Llevaremos a cabo una reforma en profundidad de las políticas activas de empleo, en su gestión y en su evaluación", añade el documento.

Además, aboga por impulsar el cheque-formación permanente, el reciclaje profesional y la reincorporación al mundo laboral; así como por reformar "en profundidad" los métodos de evaluación de la calidad de la formación en función de su contribución a la creación de empleo y la promoción profesional.

Más control con las subvenciones

En el ámbito de la empresa, defiende un plan de simplificación regulatoria y administrativa para eliminar las trabas burocráticas y los trámites innecesarios que dificultan el funcionamiento de las empresas; promete reforzar la lucha contra el fraude fiscal y contra el fraude en el acceso a las subvenciones; agilizar los trámites para la creación de empresas; y crear un expediente único electrónico que permita a cada empresas consultar por Internet la situación de todas sus actuaciones ante la administración.

Además, el PP anuncia que si gana las elecciones recuperará la unidad de mercado como "requisito imprescindible para garantizar una economía eficiente, más competitiva y con mayores posibilidades de crecimiento real".

En materia de transportes, promete dar prioridad a la red ferroviaria de cercanías, impulsar la integración del ferrocarril en los espacios urbanos y modernizar la red aeroportuaria española, garantizando su viabilidad con criterios de eficiencia y con la participación de la iniciativa privada.