El portavoz del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, Javier Allué, tras presentar una proposición no de ley al respecto, ha rechazado la bancarización de las cajas de ahorro y ha incidido en la necesidad de que cualquier modificación se haga con consenso entre partidos, Comunidades y el propio sector.

En un comunicado, Allué ha rechazado las declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, que "comparte y apoya" la propuesta del Gobierno central. "No podemos permitir las ambigüedades que tiene el Gobierno central con las cajas, es necesario que cualquier propuesta de modificación cuente además con el consenso de partidos políticos, Comunidades Autónomas y el propio sector", ha aseverado.

Ha añadido que "cualquier futura reforma debe salvaguardar la naturaleza jurídica propia de las cajas de ahorro como garantía del importante papel que juegan, tanto en el apoyo a las acciones públicas, a través de su obra social, como a familias y pymes, a través del crédito".

Ha recordado que, "en 2010 ya hubo una reforma relativa a las cajas de ahorro y ahora es necesario un periodo que permita el asentamiento de dicha reforma y un mínimo de estabilidad normativa". La iniciativa parlamentaria pide también "que no se excluya" a las Comunidades Autónomas.

En la exposición de motivos, el PAR ha señalado que el papel jugado en la sociedad aragonesa por las cajas de ahorro "ha sido esencial en el desarrollo de la Comunidad y en la vida diaria de cientos de miles de aragoneses".

A través de la conocida como "obra social y cultural" de estas entidades, multitud de proyectos de gran importancia han podido ver la luz o lograr un desenvolvimiento adecuado. De hecho, "las actuaciones públicas llevadas a cabo desde las Administraciones públicas, siempre han contado con un aliado imprescindible en las cajas de ahorro, quienes han llegado allá donde los poderes públicos han tenido mayores problemas de efectividad".

Entidades financieras,

No bancos

Así, el ámbito de la cultura, la vivienda, lo social o la sanidad, "han tenido en todos los territorios y de forma muy plausible en Aragón un apoyo fundamental en este tipo de entidades financieras". En definitiva, "las cajas de ahorro son entidades financieras, pero no son bancos, son muchas las diferencias que existen entre ambas categorías, pero evidentemente la más clara es la referida a la función social antedicha".

En la PNL se ha criticado que "menos de un año después de esta amplia reforma legal, el Gobierno central anuncia de nuevo otra modificación en el sistema de las cajas de ahorro, a través de la redacción de otro Real Decreto-Ley". Por lo trascendido hasta ahora, "es posible que el Ejecutivo central prevea el establecimiento de unos requisitos de solvencia y similares más amplios que a los propios bancos".

A su juicio, "este tipo de decisiones podrían afectar a la función social que cumplen las cajas de ahorro, poniendo en peligro incluso la propia obra social de estas entidades financieras". De otro lado, una desproporción en la exigencia de determinados requisitos a las cajas de ahorro "podría suponer una restricción en la posibilidad de los ciudadanos de acceder a crédito y otros productos que son necesarios para la activación del consumo o la propia actividad empresarial generadora de empleo".

"El mero anuncio de la posibilidad de reformar de nuevo el régimen normativo de las cajas de ahorro ha levantado una profunda preocupación en diversos ámbitos, entre los cuales se cuentan no sólo los expresados anteriormente, sino también otros como las organizaciones sindicales", ha expuesto.

Desde su punto de vista, "la propia situación de crisis económica a la que parece aludir el anteproyecto de Real Decreto-Ley hace necesaria, más si aún cabe, cierta estabilidad normativa en el Estado y las Comunidades Autónomas en lo relativo a las cajas de ahorro".

"Modificar su marco alegando la situación económica internacional no hace sino poner de manifiesto que la reforma anterior no ha tenido los resultados esperados o que omitió otros aspectos sustanciales que ahora parecerían absolutamente indispensables", ha indicado.

Ha añadido que "esta imagen debe evitarse y no sólo por motivos meramente políticos, sino también por el efecto que pueda tener sobre la confianza de los activos de las propias cajas de ahorro españolas en el ámbito internacional, y la negativa consecuencia que de ello podría derivarse para el ciudadano".