El diputado del PP Gaspar Oliver ha asegurado que los empresarios que adaptaron sus establecimientos a la Ley Antitabaco en 2005 no han tenido tiempo ni de rentabilizar sus inversiones ni de amortizarlas, ya que tenían unos planes contables que fijan una amortización de "un máximo de 14 a 20 años".

Es por ello, que el PP ha decidido presentar en el Parlament una Proposición no de Ley (PNL) que busca que los empresarios que realizaron estas inversiones sean compensados económicamente por el desembolso que tuvieron que hacer para adaptarse a la normativa, que fue modificada recientemente para hacerla más restrictiva.

Cabe recordar que la ley aprobada en 2005 señalaba que aquellos establecimientos de más de cien metros cuadrados debían separar físicamente los espacios en los que se permitía fumar y en los que no. Asimismo, aquellos locales que tuvieran una superficie inferior debía advertir claramente si se permitía fumar o no en el local.

La modificación de la ley, que entró en vigor el pasado 2 de enero, prohíbe fumar en todos los locales públicos cerrados, de modo que los empresarios que adaptaron sus locales realizaron unas reformas en los locales que hoy en día ya no son necesarias.

Así, Oliver ha dicho en los pasillos del Parlament que su grupo ha presentado esta iniciativa al entender que los empresarios que realizaron estas reformas no han tenido tiempo en estos cinco años de rentabilizar la inversión hecha. En este sentido, ha explicado que estos establecimiento tienen un plan contable que "fija un coeficiente de amortización de un 10 o un 15%, según los casos, y un máximo de 14 a 20 años".

Asimismo, Oliver ha apuntado que la iniciativa también pretende que se concedan ayudas para la compra de elementos para adaptar las terrazas de los establecimientos de ocio, como pueden ser mamparas o estufas, dada la creciente demanda por parte de los empresarios para tratar de no perder a la clientela fumadora.

El parlamentario ha agregado que no han especificado en el texto de esta iniciativa la cantidad de la compensación económica precisamente para que el Govern no utilizara como "excusa" que no puede pagar esas sumas. Así, ha apostillado que dejan este asunto en manos del Ejecutivo para que "haga lo que quiera".

Por su parte, el presidente de UM, Josep Melià, ha señalado que han dado apoyo a esta PNL al considerar que estos empresarios "han hecho un gasto que se habrían podido ahorrar si hubieran sabido los cambios (en la normativa) que se iban a producir". Por ello, entienden que estos establecimiento tendrían que ser compensados de algún modo.