El ex alcalde de Alcaucín (Málaga) José Manuel Martín Alba declaró en su comparecencia ante la juez instructora del caso 'Arcos', contra la presunta corrupción urbanística en dicha localidad, que siempre estuvo "totalmente seguro" de que todo estaba bien hecho respecto a la disciplina urbanística en el municipio y negó haber hecho dejación de funciones en este sentido.

Así en su declaración ampliatoria de octubre de 2010, recogida en el sumario y a la que tuvo acceso Europa Press, responde que no tiene conocimiento de que se hayan dejado de abonar a las arcas municipales por las viviendas construidas sin las correspondientes cesiones por la urbanización y las plusvalías y apuntó que en los suelos rústicos "no era necesario".

Asimismo, el exregidor socialista, que fue detenido en febrero de 2009, explicó que puede ser que no se entregara la cesión urbanística correspondiente "pero se dieran otros tipos de beneficios al pueblo" e indicó que no le consta que se haya pedido una licencia para la reforma o rehabilitación de una vivienda y en el catastro se solicite el alta de una construcción nueva.

Preguntado por la finca a nombre de sus hijas comprada a uno de los imputados presuntamente y en la que se encuentra de alta una vivienda de 125 metros que realmente no existe, explicó que existía una, según el catastro anterior al de 2001 y "todos los testimonios", y que se trataba de una vivienda "y no una casa de aperos", añadiendo que se le dio de alta para "no perder el derecho".

Declaró que actualmente hay una construcción del año 2002 "de 25 metros cuadrados" y añadió que certificó que había una ruina sobre la finca, además de que le constaba la vivienda porque la conoció "de pequeño", existiendo hasta el año 1989 o 1999. Ha precisado que hasta 2003 era posible construir en suelo rústico en una parcela de 5.000 metros sin estar vinculada a explotación agrícola.

Por su parte, los investigadores de la Guardia Civil, encargados de este caso, concluyen en uno de los informes emitidos en octubre del pasado año, al que tuvo acceso Europa Press, que varios promotores o constructores dedicados de forma profesional "fueron evidentemente favorecidos con la permisividad de los responsables municipales", en concreto se apunta a Martín Alba.

En este sentido, en el documento se precisa que desde hacía algunos años "uno de los principales problemas de presunta infracción de la legalidad urbanística que ha venido dándose en el municipio deriva de la construcción de viviendas aisladas en suelo rústico de forma diseminada y que no se encuentran vinculadas a la explotación de instalaciones ganaderas o agrícolas".

Aunque el informe no precisa el número de estas viviendas, sí indica que "se han creado núcleos de población aislados del casco urbano", crecimiento "sin un adecuado control" que parece haber sido "obviado por los responsables municipales". "Desde el Consistorio se habría ayudado con informes y otras actuaciones a eludir la acción de la justicia en algunos casos", se señala.

Asimismo, se apunta a que a la hora de tramitar y legalizar dichas construcciones presuntamente irregulares "contaron con la participación activa" de un asesor imputado en la causa, "quien sin duda parece contar con todos los parabienes del exedil ya citado", participando también, presuntamente, el que fuera uno de los jefes del Área de Arquitectura de Diputación, José Mora.