PSOE y PP impedirán que el Congreso suprima las pensiones de González y Aznar

  • IU lleva a debate la compatibilidad de las pensiones vitalicias de los expresidentes con otro sueldo, así como los privilegios salariales de otros cargos.
  • PP y PSOE, sin embargo, ya han acordado impedir que la ley se discuta en el pleno.
Felipe González, fotografiado en octubre de 2010; y José María Aznar, el 14 de enero de 2010 en un acto en León.
Felipe González, fotografiado en octubre de 2010; y José María Aznar, el 14 de enero de 2010 en un acto en León.
EFE

El pleno del Congreso debate este martes una iniciativa de IU para endurecer las incompatibilidades de los diputados y evitar que los expresidentes del Gobierno, como Felipe González o José María Aznar, cobren pensión vitalicia si tienen otro sueldo, pero el PP y el PSOE impedirán que se tome en consideración.

Cuando el PP acaba de anunciar que va a presentar una proposición no de ley para se discuta la conveniencia de suprimir lo que considera "privilegios" de los diputados en su modelo de pensiones, en la primera sesión plenaria que este año celebra la Cámara se va a discutir una proposición de ley firmada por el grupo de ERC-IU-ICV sobre incompatibilidades de diputados y senadores.

Mientras el grupo popular redacta su iniciativa, el PSOE, por boca de su secretario de Organización, Marcelino Iglesias, ha expresado la disposición de los socialistas a abordar el asunto, puesto que no tiene una "postura bloqueada", aunque ha apuntado que el foro adecuado para discutirlo es la Mesa del Congreso.

Llamazares lo da por perdido

De hecho, hace apenas un mes este órgano abordó la cuestión y el PP votó a favor de mantener el actual estatus, ha recordado Iglesias para expresar su sorpresa por la actitud actual del PP.

Ahora bien, aunque los grupos mayoritarios se muestren dispuestos a estudiar la revisión de las llamadas "pensiones" de los diputados, que más bien son complementos que se suman a las cotizaciones de quienes hayan sido parlamentarios al menos siete años, no lo están a abordar la otra reforma que les proponen las minorías de izquierda.

Su promotor, Gaspar Llamazares, de IU, ha admitido que da por perdida su propuesta tras conocer la posición en contra de socialistas y populares que ni siquiera admiten que se discuta por la Cámara, puesto que el trámite consiste únicamente en decidir su toma en consideración.

Coche, viajes, asistentes

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ve "de sentido común" que los expresidentes disfruten de un "determinado estatus o de un mínimo estatus" y afirma que los ciudadanos "deben reconocer que han marcado el destino del país durante un tiempo".

Por estos motivos no quiere el Partido Popular que se modifiquen, como pretende IU, los beneficios de los que disfrutan González y Aznar, que además de tener coche oficial, dos personas de apoyo o viajes gratis, perciben una pensión vitalicia de más de 80.000 euros anuales compatible con las retribuciones millonarias que ahora también les llegan de dos compañías energéticas a las que asesoran.

En similares términos, el socialista Marcelino Iglesias ha defendido el mantenimiento del 'statu quo' de los expresidentes por respeto a lo que representan, y ha anunciado su rechazo a quitarles las pensiones vitalicias.

El salario de dos años

La proposición que será discutida por el pleno, presentada en 2008, pretende limitar a dos años la percepción de estas pensiones vitalicias, y suprimirlas si los beneficiarios reciben otro sueldo. Los ministros, secretarios de Estado y otros altos cargos, siguen cobrando su salario durante dos años después de cesar en el puesto.

Además de lo referente a los ex presidentes, la propuesta de IU contiene otros aspectos que afectan a diputados y senadores, de los que se remarca el régimen de dedicación exclusiva en el que deben desempeñar sus funciones.

Se limita en la propuesta la posesión de participaciones en empresas que contraten con la Administración y también en aquellas que hayan sido privatizadas, se endurecen las condiciones de los altos cargos para percibir indemnizaciones a su cese y se emplaza al Gobierno a regular los grupos de presión o "lobbies".

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