Las entidades financieras señalan que el nuevo impuesto que el Gobierno de José María Barreda les va a imponer en función del volumen de depósitos que capten en Castilla-La Mancha terminará repercutiendo en los clientes de los bancos y cajas.

Así, fuentes de la Asociación Española de Banca (AEB) han señalado a Europa Press que este impuesto sobre depósitos —contemplado en el llamado Plan de Consolidación de las Finanzas y los Servicios Públicos— "puede tener efectos perversos para la economía castellano-manchega".

En concreto, apuntan que esta medida del plan de ajuste de la Junta podría provocar "el encarecimiento del crédito y la penalización del ahorro" y que, como consecuencia de todo ello, podrían producirse movimientos de "deslocalización de los depósitos", de modo que los clientes ingresen sus ahorros en las entidades de otras comunidades que les sean más favorables a sus intereses.

Contra la unidad de mercado

Asimismo, consideran que este impuesto desintegra el principio de unidad de mercado y puede producir "distorsiones geográficas, así como alteraciones en la actividad y el negocio de las entidades financieras".

Por su parte, fuentes de las cajas coinciden en señalar a Europa Press que este gravamen encarece los productos, "lo que repercute en el cliente", por lo que "no es una medida buena ni para los clientes, ni para las cajas, ni para la comunidad autónoma".

Este impuesto fue fijado por Extremadura en el año 2002, decisión que fue recurrida por el Gobierno 'popular' de José María Aznar ante el Tribunal Constitucional. En 2010, la Junta de Andalucía también anunció las puesta en marcha de este gravamen, que también será recurrido por el Gobierno central.

Impuesto a los molinos eólicos

De otro lado, la Asociación de Empresas Eólicas ha afirmado que el impuesto de la Junta —que también contempla el mencionado plan— por el impacto visual de las instalaciones de producción eólica, a la larga será "contraproducente" para la región.

En declaraciones a Europa Press, el director de Políticas Energéticas de la Asociación, Heikki Willstedt, ha asegurado que esta medida es "evidentemente negativa para el sector", pero también para la comunidad autónoma, ya que "desincentivará" que las empresas eólicas inviertan en Castilla-La Mancha.

A su juicio, este "medida recaudatoria" del Gobierno regional generará a corto plazo una serie de ingresos para la Junta, pero podría provocar que en el futuro no se instalaran "nuevos parques eólicos" en la región, dejándose de crear empleo y riqueza.

Las empresas eólicas, que aseguran que la Junta no les informó de esta decisión, piden a José María Barreda que "dialogue con el sector" para poder llegar a una solución compartida, en vez de hacer "imposiciones unilaterales".

Según los datos de la asociación, en Castilla-La Mancha existen un total de 121 parques eólicos de las principales compañías, con una potencia 3.709 Megavatios, la segunda comunidad autónoma tras Castilla y León.