La Comisión de seguimiento del Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas, aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de junio de 2008, donde se indica la necesidad establecer mecanismos de colaboración con todas las Comunidades Autónomas para el impulso de la reducción de cargas en sus ámbitos de competencia, ha quedado constituida este miércoles en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Su objetivo será analizar la eficacia del convenio así como el grado de ejecución del mismo intentando optimizar sus resultados. La Comisión está compuesta por el director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Luis Herrera; la directora general de Planificación Económica, Pilar Benito; y el director de la Oficina de Calidad de la Administración Regional, Cayetano Corral, en representación de la Comunidad Autónoma.

Como representantes del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública figuran el director general de Organización Administrativa y Procedimientos, Agustín Torres; la subdirectora general de Mejora y Simplificación de la Regulación Procedimental, Pilar González y el subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Toledo, Francisco Javier Corrochano.

Según ha informado la Delegación en nota de prensa, el 18 de octubre de 2010 se formalizó un convenio de colaboración entre el entonces Ministerio de la Presidencia, ahora Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, para regular las condiciones de colaboración entre ambas partes y establecer un marco de estudio e intercambio de información sobre la reducción de un 30% de las cargas administrativas antes del 31 de diciembre de 2012, así como sobre la simplificación procedimental y la mejora de la regulación.

Dentro de las actuaciones dirigidas a reducir las cargas administrativas se encuentran las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado 28 de diciembre, que incluye 88 actuaciones dirigidas a los ciudadanos y al ámbito empresarial, que reduce nuevos trámites o requisitos administrativos. En este terreno, el Gobierno ha aprobado desde 2008 un total de 247 iniciativas de reducción de cargas, que suponen un ahorro superior a los 4.300 millones de euros, lo cual constituye un esfuerzo de racionalización sin precedentes.