Los camioneros que transportan el carbón de importación desde el puerto de Ferrol hasta la central térmica de As Pontes han pedido al Gobierno que explique "de una vez por todas qué es lo que van a hacer", después de que la sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo haya acordado en varios autos no aplicar las medidas cautelares que las compañías eléctricas solicitaban en contra de la entrada en vigor de la norma.

La resolución del Supremo supone que el decreto estará sólo en suspenso hasta el 10 de enero, a la espera del dictamen del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, que tiene que responder al recurso presentado por las eléctricas españolas.

El portavoz de los camioneros, Manuel Bouza, sostiene que la paralización judicial del decreto tampoco no aclara el futuro del sector y que resulta preciso que el Gobierno plantee modificar la norma, para evitar los perjuicios que provocará en las zonas de influencia de las térmicas gallegas de Endesa As Pontes y Gas Natural Meirama (Cerceda).

Así, insiste en que es preciso que el Gobierno plantee que en el "mix energético", que regulará el porcentaje de producción de cada fuente de energía, se establezca una cuota mínima para el carbón de importación, que es "menos costoso" y menos contaminante que el autóctono, que prima el decreto del carbón.

Manuel Bouza puntualizó que "el Gobierno tiene que pensar en que para salir de la crisis económica hay que producir lo más barato posible, empezando por la energía", en referencia al mayor coste de la producción energética derivada del carbón autóctono, menos calorífico y más contaminante.

En el ámbito político, el alcalde de Cerceda, José García Liñares, recalcó que aunque el Gobierno esté negociando compensaciones a las compañías eléctricas, no se contemplan los efectos para el resto de sectores económicos. "Sabemos que está habiendo esa negociación, que seguramente llegará a buen puerto, pero quedamos el resto, que también nos tendrán que contentar", remarcó.