Los padres de una menor deberán indemnizar de forma solidaria con 3.000 euros por un delito de atentado a funcionario público a una profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria de Teror (Gran Canaria) a la que la menor propinó un puñetazo, según una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas.

La Sala estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de la acusada, que en el momento de los hechos tenía 15 años, contra una resolución anterior, y rebaja de 8.475 a 3.000 euros la indemnización a percibir por la docente María Esther Rodríguez por el daño moral ocasionado.

La sentencia fue dada a conocer este viernes en rueda de prensa por el sindicato de docentes Interinos y Sustitutos de Canarias (Insucan), que resalta que, en lugar de que estos hechos se siguieran considerando como faltas, los acusados han sido condenados por aplicación de los artículos 550 y 551-1 del Código Penal, que reconocen que "son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".

De este modo, la resolución declara probado que el 29 de octubre de 2008 sobre las 09.25 horas, Esther Rodríguez estaba desarrollando funciones de profesora de guardia y encontró en uno de los pasillos del centro a dos menores, a quienes interrogó sobre el motivo por el que no estaban en clase. Una de ellas le respondió ofensivamente, ante lo cual la profesora le contestó que no le faltase el respeto, momento en el que la chica empezó a gritar. Ello provocó que otra profesora acudiese en busca del jefe de Estudios. Las dos jóvenes entraron en clase a petición de María Esther Rodríguez y, una vez dentro, una de ellas le propinó un puñetazo que la hizo caer al suelo.

La Sala no ve acreditada la secuela de trastorno depresivo reactivo en grado leve-moderado, apreciada por el médico forense.

Para el coordinador general de Insucan, José Ángel Amador, ésta es una sentencia "ejemplarizante" y que "sienta jurisprudencia" a nivel nacional. Según el dirigente sindical, la agresión de la menor "es una situación aislada, pero que crea una distorsión en el sistema educativo público".

Igualmente, recordó que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias también fue demandada por la docente por "no haber cumplido la obligación de proteger a todos los trabajadores" ni ofrecer asistencia letrada ni psicológica.

El coordinador general de Insucan explicó que la menor condenada es hija de "personas con titulación universitaria y situación económica estable", si bien reiteró que no existe un perfil definido de los agresores, ya que hechos de este tipo "pueden ocurrir tanto por parte de hijos de padres con titulaciones o de zonas desfavorecidas".