La Fiscalía de Toledo, de cara al inicio a partir del próximo lunes, día 13, de la audiencia que se celebrará en el Juzgado de Menores por el crimen de la menor Cristina Martín, ocurrido el pasado abril en Seseña (Toledo), por el que hay imputadas dos menores —una por asesinato y otra por encubrimiento—, ha manifestado que no solo "no quiere alimentar el morbo" sino que "se opone radicalmente a cualquier utilización de datos concretos de un asunto tan desgraciado para obtener mayores cuotas de audiencia y mayores tiradas de medios de comunicación".

En una rueda de prensa, el fiscal jefe de Toledo, José Javier Polo, acompañado por el fiscal de menores, que asistirá al juicio, Antonio Huélamo, ha destallado que, aunque la Fiscalía acuse, "eso no significa que tengamos que dar todo tipo de detalles sobre el hecho en sí, porque hay un interés superior que es el interés del menor". "Nosotros lo que no vamos es a dar alimentación a ningún tipo de morbo", ha aseverado.

Polo ha señalado que, aunque hay que proteger el interés informativo, también deben proteger los intereses de los menores, convencido de que el carácter informativo de "determinados datos, para que derive en una cuestión morbosa, excede con mucho de las previsiones constitucionales en cuanto a la libertad de información".

Respecto al desarrollo de la audiencia —nombre que se recibe el acto del juicio cuando se refiere a menores— el primer día se tomará declaración a las dos personas acusadas y a un total de 12 testigos. El segundo día testificarán agentes de la Guardia Civil y policía judicial que examinaron el cadáver, realizaron la inspección ocular y recogieron muestras, y se verán los estudios de AND y científicos y el material toxicológico.

El tercer día se abordará el informe de los médicos forenses que realizaron la autopsia al cuerpo de la víctima, con el fin de determinar la causa de la muerte y la fecha en que ocurrió la misma. También comparecerán los técnicos psicólogos, educadores sociales y de los centros donde están internadas las menores.

Preguntados por los hechos y la causa de la muerte, Polo no ha querido hacer una "elucubración previa" ya que aunque la Fiscalía en su escrito de alegaciones provisionales responde a esas cuestiones, "no lo hemos podido probar". De la misma forma se han manifestado por el móvil del crimen, al reconocer que este aspecto "no tiene relevancia jurídica".

Huélamo ha indicado que la causa de la muerte y la data "vienen exhaustivamente reflejados en el informe" y se ha mostrado convencido de que "los vamos a probar", aunque estos asuntos, como el instrumento que se usó para cometer el crimen —el fiscal habla concretamente de una navaja— "están sometidos a prueba", tal y como han recordado ambos.

Voluntad acreditada

Preguntado por los informes psicológicos solicitados por la Fiscalía sobre la acusada de asesinato, Huélamo también ha confirmado que no ha sido necesario ninguno más al margen del realizado por el equipo técnico ya que "creo que la imputabilidad, capacidad de culpabilidad, conocimiento de los hechos y la voluntad de ejecutarlos está plenamente acreditada por las pruebas de la instrucción del expediente y por informes".

De otro lado, y respecto a la imputación de una tercera persona menor de edad por un delito de encubrimiento, como solicitó la acusación particular, ha detallado que la Fiscalía pidió el sobreseimiento al considerar que "no concurrían los elementos necesarios para considerarla encubridora", en el sentido de favorecer al autor principal del delito para eludir la acción de la justicia. "No se daban todos los requisitos de comisión de actos ejecutivos en auxilio del presunto autor del hecho", ha detallado.

El fiscal jefe de Toledo ha recordado las penas solicitadas por la Fiscalía, de cinco años de internamiento en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada para la menor acusada de asesinato; y dos años de internamiento en régimen semiabierto y un año de libertad vigilada para la imputada por encubrimiento. No obstante, Polo ha aclarado que el régimen semiabierto "no significa" que la menor pueda ir a casa, sino que puede participar en actividades fuera del centro.

Polo ha recordado que son las máximas penas que permite la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que coinciden con las solicitadas por la familia de Cristina Martín, que ejerce la acusación particular. En cualquier caso, la Fiscalía pide una indemnización, por parte de la imputada por asesinato por la muerte de la joven de 150.000 euros, mientras que la acusación particular eleva esa cifra a 300.000 euros para dicha inculpada.

Previamente, ha rememorado los pasos que desde que se cometió el crimen se han recorrido por parte de la Fiscalía, destacando la "muy buena, modélica", investigación y tramitación de expediente, así como el "tiempo brevísimo" que se ha empleado en este proceso, y la protección del interés del menor, protegiendo la investigación con la intervención de imágenes y datos identificativos de las menores en las redes sociales.

En este sentido, preguntado por la posibilidad de que el inicio del juicio devenga en actos similares, Polo ha reconocido que "ya no depende de nosotros" la actuación desde el momento en que concluyó el expediente por parte del fiscal, aunque ha avanzado que "podemos seguir ejerciendo la protección desde fuera, no desde dentro" e instar a la Fiscalía a la protección si aparecieran nuevas fotos en las redes sociales. A

Puerta cerrada

El juicio, que se desarrollará del lunes al miércoles a las 10.00 horas —según Polo se podría haber celebrado en octubre una vez concluido la investigación, aunque "causas ajenas" a la Fiscalía lo han atrasado hasta este mes—, se celebrará previsiblemente solo por las mañanas, cuando se ha citado a las distintas personas que van a declarar, aunque Huélamo "imagina" que las sesiones se extenderán también a la tarde.

Se celebrará a puerta cerrada, según ha acordado el titular del Juzgado, al tratarse de un procedimiento en el que están afectados menores, no permitiéndose la entrada a la sala de vistas ni al público en general ni a medios de comunicación. Igualmente, se restringirá el acceso de los medios al edificio de los Juzgados, según ha acordado el Juez Decano de Toledo, por lo que, según ha dicho Huélamo, preguntado por la labor de la prensa, "no sé ni cómo lo pueden hacer ni si lo van a poder a hacer".

Según las conclusiones de la Fiscalía, el 30 de marzo de este año la menor C.H.S., tras discutir con la menor C.M.M. en una antigua fábrica de yesos —derruida y abandonada actualmente— situada en el paraje denominado 'La Veguilla', con la intención de matar, le agarró fuertemente del cuello para asfixiarla, haciéndole caer al suelo y le propinó varios golpes en la cabeza con una piedra.

A consecuencia de los golpes, la víctima quedó inerte, momento que aprovechó C.H.S. para producirle un profundo corte en la muñeca con una navaja. A continuación, echó piedras y tierra sobre su cuerpo, marchándose del lugar, quedando Cristina abandonada en estado de inconsciencia, desangrándose hasta que falleció a consecuencia de las lesiones provocadas.

Ese mismo día, la menor N.N.N., amiga íntima de C.H.S., supo, por el relato de ésta, cómo había matado a Cristina y posteriormente ambas se desplazaron al sitio donde se encontraba el cuerpo. Pese a ello, N.N.N. no reveló información sobre el paradero de la fallecida, "favoreciendo la impunidad de la conducta criminal de C.H.S".

Según la Fiscalía, sobre las 11.30 horas del día 3 de abril, agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, encontraron el cuerpo sin vida de Cristina en el mismo lugar donde la menor C.H.S. le había golpeado, cortado con una navaja y finalmente abandonado.