Vender o alquilar edificios para obtener liquidez. Si el Estado gestionara mejor el patrimonio inmobiliario que posee podría llegar a obtener 8.400 millones de euros, dinero más que suficiente como, por ejemplo, para no tener que congelar las pensiones (1.500 millones), seguir dando el cheque-bebé (otros 1.500 millones), no bajar el sueldo a los funcionarios un 5% (2.400 millones) o no haber reducido la ayuda oficial al desarrollo (600 millones).

Las cuentas las ha echado la consultora inmobiliaria Aguirre Newman, presidida por el hermano de Esperanza Aguirre. La presidenta de Madrid también ha recomendado al alcalde de la capital, Ruiz Gallardón, que venda edificios para reducir su deuda.

La consultora inmobiliaria ha analizado 208 grandes inmuebles que el Estado tiene sólo en Madrid: 147 en propiedad y 61 alquilados. En este listado no están los edificios destinados a la atención al público: como las oficinas de Hacienda o del INEM, tampoco las comisarías o los museos adscritos a Cultura.

Se trata de edificios infrautilizados o en algunos casos ni siquiera ocupados, como el palacete ubicado en la plaza del Marqués de Salamanca, antigua sede de Exteriores, vacío ya hace siete años y valorado en 239 millones.

Sólo 20 m2 por trabajador

Estos 208 edificios analizados suponen 2,2 millones de metros cuadrados en propiedad y 300.000 m2 en alquiler. En total, el equivalente a 340 campos de fútbol. El informe revela que "la Administración no es eficiente en el uso del espacio", ya que cada empleado estatal trabaja en un espacio que oscila entre los 25 y los 35 m2, cuando con sólo 20 m2, según Aguirre Newman, la situación sería "óptima" y "suficiente".

Con ese ratio de 20 m2 por empleado, la Administración podría prescindir de 776.000 m2. ¿Cómo rentabilizar toda esta superficie? Aguirre Newman ofrece tres fórmulas. Si la alquilara podría llegar a obtener una renta anual de 186 millones, según los precios del mercado. Si optase por venderla (una vez descontados los gastos de rehabilitación) podría ganar 2.865 millones de euros.

Hay una tercera opción que reportaría a las arcas públicas 8.412 millones, algo más que el presupuesto de Interior. El Estado transmitiría la propiedad de los 147 edificios que son suyos a un inversor, aunque se mantendría en ellos como inquilino pagando un alquiler. O también aportar los edificios a una sociedad para su posterior salida a Bolsa.

Ya funciona en Italia y Francia

El informe de Aguirre Newman es una extrapolación con los edificios sólo de Madrid, ya que el Estado tiene censados unos 40.000 inmuebles en toda España, de los que 7.000 son grandes edificios. Italia ha censado 11.000 inmuebles para su venta. Ese dinero será utilizado exclusivamente para reducir el déficit público. Francia lleva vendiendo edificios estatales desde el año 2005, y le han supuesto 3.000 millones al Estado. Grecia va más allá y se plantea alquilar islas desocupadas.