El informe de fiscalización del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), correspondiente al ejercicio 2002, elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, ha sido presentado este jueves en el Parlamento autonómico por su presidente, Rafael Medina Jáber. Este informe alerta de que hace ocho años el control interno de la citada Corporación municipal era "deficiente".

Medina Jáber ha presentado el mencionado informe en la comisión parlamentaria de Presupuestos, Economía y Hacienda. El presidente de la Audiencia de Cuentas ha apuntado que el Ayuntamiento de La Laguna, durante el ejercicio 2002, contaba con "un deficiente sistema de control interno, con debilidades, algunas de las cuales son contrarias a las disposiciones legales vigentes y que han originado deficiencias que afectan a la contabilidad, a los procedimientos de gestión de los ingresos municipales y de su recaudación, a la gestión del inmovilizado, a la tesorería, a los gastos y a la contratación".

Además, en el ejercicio fiscalizado se efectuó por primera vez una dotación para la amortización de los elementos del inmovilizado material, cuyos criterios de cálculo fueron determinados por Decreto de la Alcaldía a propuesta de la Intervención, cuando dicha competencia venía atribuida al pleno. No se ha facilitado a la Audiencia de Cuentas el detalle individual de los diversos elementos de inmovilizado registrados en la contabilidad.

El ajuste al resultado presupuestario correspondiente a las desviaciones positivas de financiación derivadas de gastos con financiación afectada, no coincide con el que se desprende del estado de gastos con financiación afectada que se adjunta a la Cuenta General y que realmente se corresponde con los remanentes de crédito en los proyectos con financiación afectada.

Sin registro de deudores

La Corporación tampoco acredita plenamente la existencia de un mecanismo de registro y control de los derechos pendientes de cobro, que permita obtener información relativa a ejercicios anteriores, ni consta que se formularan estados de gestión recaudatoria, por lo que no es posible obtener una seguridad razonable sobre la realidad de los saldos pendientes de cobro, ni emitir un juicio sobre los mismo.

En el ejercicio objeto de fiscalización no consta la existencia de una relación nominal de deudores, ya que no aparecían, con carácter general, desglosados nominalmente ni detallados el número de recibos pendientes de cobro. A su vez, muchos terceros aparecían agrupados por conceptos tributarios para los que no se proporcionó el desglose individual por conceptos y ejercicio.

Además, según el informe presentado por Medina Jáber, se realizaron reconocimientos extrajudiciales de crédito de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados sin crédito presupuestario, por un importe de 1,2 millones de euros. El reconocimiento de obligaciones sin crédito presupuestario supuso el incumplimiento de los procedimientos establecidos en el Real Decreto 500/1990 y las bases de ejecución del presupuesto.

La entidad no aportó a la Audiencia de Cuentas la relación de transferencias y subvenciones concedidas durante el ejercicio y tampoco disponía de un registro de contratos que permitiera el exacto conocimiento de los celebrados, así como de las incidencias que originara su incumplimiento.

Ocho años después

En esta tesitura, Carlos Ester se ha sorprendido porque este informe fuera presentado "ocho años después" y ha destacado que se producían incidencias similares en otros municipios en los años 90. "Desde 2002 esperamos que este tema haya sido subsanado y aceptamos las recomendaciones", ha agregado.

Por su parte, el portavoz de CC, José Miguel Barragán, ha señalado que "parece que sigue existiendo una dificultad por parte de los ayuntamientos para cumplir la normativa". También ha asumido que "ha pasado muchísimo tiempo" aunque ha opinado que el informe "no dice nada grave con respecto a cómo viene funcionado el Ayuntamiento".

En esta coyuntura, el socialista Blas Trujillo también se ha sorprendido porque la auditoría corresponda a 2002 y ha recordado que "éste es el tercer ayuntamiento más importante de Canarias". También ha recordado que "en la legislatura pasada, en 2004, venían informes de 1996 ó 1997 y queda claro que en 2002 el control interno del Ayuntamiento era deficiente".