La Fiscalía de Málaga ha acusado a un hombre por construirse una vivienda en la localidad malagueña de Mijas en suelo clasificado como no urbanizable, protegido de interés territorial, y por no obedecer las órdenes de paralización ni el precinto de las actuaciones. Solicita dos años de prisión y multa de 5.400 euros.

Según las conclusiones provisionales de la acusación, en 2006, el acusado realizó obras en una zona denominada 'Diseminado entrerríos' para la construcción de una vivienda unifamiliar en un suelo clasificado según el planeamiento aprobado como no urbanizable protegido de interés territorial, lo que era conocido por el acusado.

Agentes de la Policía Local realizaron una inspección a las obras en julio de dicho año, lo que, según el escrito inicial del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, dio lugar a que se levantara un acta y se incoara un expediente en el que dictó un decreto de paralización que fue notificado a la madre del procesado.

"A pesar de la notificación" el acusado, señala el ministerio público, "continuó con las obras", según se comprobó en dos inspecciones posteriores, hasta que en octubre de 2007 se decretó el precinto de las actuaciones, lo que se llevó a cabo por parte de dos agentes de la Policía Local en presencia del hombre.

En agosto de 2008, indica la Fiscalía, se hizo una nueva visita de inspección "comprobándose que las obras denunciadas seguían realizándose". Además, se añade que estas obras no son legalizables "al no justificar su vinculación a explotaciones agropecuarias ni aportar proyecto de actuación o plan especial".

Para el fiscal, los hechos relatados se tratan de un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita que se imponga al acusado una pena de un año de prisión, multa de 15 meses, con cuota de 12 euros, lo que suponen 5.400 euros; e inhabilitación especial para construcción durante dos años.

También se acusa al procesado de un delito de desobediencia, por el que la acusación pública solicita un año de cárcel. En cuanto a la responsabilidad civil, se insta a la demolición de la construcción "a costa del acusado", para el restablecimiento de la legalidad urbanística.