La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ha justificado la decisión de modificar la Ley del Suelo —el cambio aparece en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2011— para permitir industrias en suelo rústico de protección forestal o agropecuaria en que busca dar "seguridad jurídica" a ocho parques empresariales iniciados con el anterior Gobierno de la Xunta y que tienen parte de su superficie en zonas protegidas.

En un comunicado, el departamento que dirige Agustín Hernández ha insistido, como hizo el conselleiro este lunes, en que el cambio permitirá la implantación de parques empresariales de forma "excepcional" y en caso de que el interés social "lo justifique plenamente".

La Xunta ha afirmado que con esta decisión "asegurará la viabilidad" de algunos de los parques en tramitación, puesto que "de otra manera se impediría avanzar en la dotación de suelo empresarial". En concreto, ha apuntado que están pendientes ocho proyectos sectoriales de otros tantos parques empresariales que ocupan, al menos en parte, suelo rústico protegido. "En los ocho casos la tramitación de los proyectos sectoriales fue iniciada por el anterior Gobierno de la Xunta, a través de la antigua Consellería de Vivenda e Solo que dirigía Teresa Táboas", señala la nota.

Además, existe otro polígono para el que el bipartito redactó un estudio de viabilidad y que también ocupa terrenos rústicos con protección. La consellería ha indicado que todos los proyectos suponían afectar a 34 millones de metros cuadrados de este tipo de terrenos, lo que representa el 41% de la superficie total que ocuparían. En uno de los casos, el del parque empresarial de O Barbanza, estaría en su totalidad en zona de protección forestal o de aguas.

Limitación de usos del bipartito

El departamento que dirige Hernández ha destacado que fue una norma promovida también por el bipartito —la conocida como ley de los 500 metros— la que prohibió desarrollar industrias en suelo rústico protegido. "Pese a introducir en ella las medidas que limitaban los usos del suelo rústico protegido —el bipartito— continuó tramitando los proyectos sectoriales y comprando suelo para esos parques, aunque no tenía aprobados dichos proyectos", expone la consellería.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de los parques proyectados en Taboadela (con un 45% en zona protegida) y Paderne de Allariz (un 13% con protección) en los que el anterior Gobierno de la Xunta compró, respectivamente, un millón de metros cuadrados (el 87% de la superficie) y más de 900.000 metros cuadrados (el 80% del total). El coste fue de 18,5 millones de euros.

Los ocho parques en tramitación son los de O Barbanza, la plataforma logística de Mandiá (Ferrol), el campus industrial de Paderne de Allariz, el de Taboadela, el de A Gudiña, la ampliación de Pousadoiro (Vilagarcía de Arousa), A Arroufana (Mos) y Bueu-Cangas. Además, se hizo el estudio de viabilidad del parque de Lavacolla, en Santiago.