Más de 30.000 firmas servirán de aval para una proposición de ley para defender los derechos lingüísticos de los gallegohablantes que tramitará el Grupo del BNG, y en la que se recogen los preceptos de la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por la plataforma Queremos Galego y que fue rechazada en su día por la Mesa del Parlamento en base a un informe jurídico de los servicios de la Cámara.

La iniciativa popular tomará forma de proposición de ley por la que los nacionalistas, según han explicado, pretenden dar voz a este colectivo (del que forman parte) en la Cámara autonómica una vez que ha sido rechazada su tramitación por la anterior vía, de manera que la intención de los nacionalistas es defender la proposición a debate con un argumentario consensuado por la plataforma. El informe jurídico aludía a una "imposibilidad de tramitación" por afectar a una ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía, pero la plataforma acusa al PPdeG de "impedir" que siguiese su curso.

Con todo, pese a que no entró a trámite, los miembros de la plataforma iniciaron una recogida de firmas simbólica para hacer valer el sentir de "los gallegos" en favor del "derecho a vivir" en su idioma propio. Ahora, la presentación de estas firmas ha coincidido con la conmemoración del primer aniversario de la manifestación convocada por esta plataforma y que aglutinó a más de 50.000 personas en la capital gallega.

"No queremos que se le quiten derechos a nadie, sino que se respeten los de los gallegohablantes", ha manifestado este lunes el presidente de la plataforma Queremos Galego, Carlos Callón, tras presentar en el registro del Parlamento las 30.000 rúbricas acompañado del intelectual galleguista Avelino Pousa Antelo y la escritora Yolanda Castaño.

"Frente a otros que presentan firmas para quitar derechos, nosotros seguiremos buscando apoyos", ha manifestado Callón, quien anunció que este mismo lunes habían recibido más firmas que no han llegaron al registro, pero que se incorporarán. Para tramitar una iniciativa legislativa popular, son necesarias 15.000 rúbricas de ciudadanos mayores de edad.

Defensa de derechos

Carlos Callón ha insistido en que "el único objetivo es defender el idioma" y la aplicación de los distintos "consensos" lingüísticos, como son —ha dicho— el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega (PXNLG) o la ley de normalización. "El PP tiene la obligación de cumplir los consensos", ha incidido.

"Feijóo está aún a tiempo de rectificar", ha señalado el presidente de la plataforma, que engloba a unas 700 entidades de toda Galicia. "Le pedimos que lo haga, porque si continúa por esta vía, no va a llegar nada bueno para nadie", ha agregado, al respecto, Callón, quien advierte de que "con las cosas de comer, no se juega".

Como muestra de lo que llamó "calamitoso" cumplimiento del decreto del plurilingüismo, Queremos Galego advierte de que en educación infantil no se supera el 10 por ciento de aulas en gallego, pese a que el 40 por ciento de los padres indicó que quería la lengua propia para sus hijos. "Hay un desfase de 30 puntos", ha constatado para lamentar que se avale esta diferencia en base a que ganan "las mayorías sobre las minorías".

La proposición de ley se tramitará como iniciativa del Bloque, aunque los socialistas, según ha manifestado el propio Callón, aseguraron a la plataforma que votarán a favor de su tramitación en la Cámara, puesto que el PSdeG prevé presentar enmiendas al texto.

Topónimo a coruña

Preguntado por que el PPdeG haya incluido en su campaña para las municipales el topónimo de A Coruña traducido, Callón ha insistido en que la plataforma defiende "el cumplimiento del consenso", en relación a que la regulación de los topónimos están recogidos por ley con la única forma legal la gallega.

"Así lo señala la legislación, (lo contrario) significa negar el Estatuto de Autonomía", ha advertido Callón, quien ha incidido que la "única forma oficial es la gallega".

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