La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, reclama a la Xunta de Galicia "voluntad política" en el cumplimiento de convenios suscritos entre su departamento y la Administración autonómica para la realización de infraestructuras en el medio rural gallego.

Así lo ha destacado en su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', ante la presencia del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, quien ha declinado responder a estas declaraciones en el turno de réplica.

En concreto, Espinosa se ha referido a la firma de seis actuaciones concretas, tanto en materia de ayudas —para el acceso a Internet, telefonía, servicios médicos, entre otras— como de financiación, cuya inversión ha cifrado en alrededor de 25 millones de euros y que, ha resaltado, "suponen un claro compromiso con Galicia y con sus ayuntamientos". Desde 2006 el "desembolso adicional" en este ámbito supera los 46 millones, ha asegurado.

A modo de ejemplo, la ministra ha citado la línea de ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por la que "se han formalizado 214 operaciones por un importe de 8,5 millones de euros".

También ha hecho alusión al plan de refinanciación de préstamos a ganaderos, que en 2008, ha dicho, "estaba destinado a 1.505 titulares", pero en el que ha atribuido a la Xunta la decisión de "no publicar una norma autonómica" con la que "impide" a profesionales del sector gallego "verse beneficiados por la medida".

Al respecto, ha subrayado que las competencias en infraestructuras "están perfectamente desarrolladas en el Estatuto de Autonomía de Galicia". "Pero los hechos demuestran que no es suficiente tener estatutariamente competencias, sino que es necesario la voluntad política de llevarlas a cabo", ha reprochado.

Ha apelado al Gobierno gallego para que "se sume" al "especial interés" que, recalca, tiene el Gobierno de España respecto del desarrollo de infraestructuras rurales en la Comunidad gallega.

Respuesta de juárez

Quien sí se ha pronunciado acerca de este tema ha sido el titular de Medio Rural, Samuel Juárez, en declaraciones a los medios al término del acto. A preguntas de los periodistas, Juárez ha replicado a Espinosa que "no se puede exigir una ejecución antes de los plazos".

De esta forma, ha hecho hincapié en que la Xunta —y, en concreto, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas— está realizando las inversiones de dichos convenios dentro de los tiempos fijados y "en consonancia con lo que se venía haciendo por parte de Gobiernos anteriores".

Ha criticado que "se está mezclando" esta cuestión con el plan de infraestructuras para 2010, algo que ha atribuido a la intención del MARM de "enmascarar la falta de concreción de las inversiones comprometidas", que ha fijado en 19 millones.

El conselleiro de Medio Rural ha garantizado que la Xunta "seguirá luchando para conseguir lo más que se pueda" para la Comunidad Autónoma.

Aplicación de la ley de desarrollo sostenible

Por otra parte, Elena Espinosa ha interpelado al conselleiro de Medio Rural durante su discurso para que dé aplicación a la Ley de desarrollo sostenible del medio rural: "Estoy esperando, y aquí tenemos presencia del conselleiro, que la Xunta plantee al ministerio la suscripción del protocolo general para la aplicación del programa de desarrollo rural sostenible", ha aseverado.

Tras defender la norma, aprobada "con el consenso" de comunidades, organizaciones agrarias y sindicatos, ha incidido en que "exige" que cada una de las Comunidades Autónomas "plantee cuáles son aquellos territorios donde quiere hacer los primeros esfuerzos" y ha resaltado que Andalucía y Castilla La Mancha ya han señalado los suyos.

Con el objetivo de destinar los fondos que "cofinanciará" el Gobierno central "para que definitivamente se pueda hablar de igualdad de calidad de vida" en el medio rural, Espinosa ha esperado que "muy pronto se presente el programa de Galicia".

"No quiero yo aquí pensar que estamos hablando de falta de interés por la Comunidad Autónoma de Galicia, sino todo lo contrario", ha enfatizado.

Recursos "escasos" y plazos "vivos"

Por alusiones, en declaraciones a los medios tras finalizar el acto, Samuel Juárez ha replicado que los plazos para redactar dichos planes están "todavía vivos".

Asimismo, ha criticado que los presupuestos para el desarrollo de la ley "no estuvieron claros" hasta que se presentaron los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Unos fondos que, ha censurado, "son ciertamente escasos" —los cifra en 17 ó 18 millones— y "se vieron reducidos paulatinamente a lo largo del último año y medio".

"Es muy complicado concretar un plan si uno no sabe de que recursos va a disponer", ha constatado, en respuesta a las declaraciones de la ministra. Con todo, ha indicado que su departamento "lo va a hacer lo mejor que pueda".

Cruce de acusaciones

Por último, y preguntado por la recurrencia, en las últimas fechas, del cruce de acusaciones en actos públicos entre representantes del Gobierno central y del gallego, Juárez ha apuntado que la Xunta "tiene la obligación de exigir lo que a Galicia le corresponde por justicia".

Aunque ha considerado que existen "lugares apropiados para debatir", Juárez ha asegurado que no se siente "molesto" por las críticas, que "encaja perfectamente", pese a que cree que "no son justas". "Lógicamente, nosotros vamos a seguir colaborando con el ministerio ,como no puede ser de otra manera", ha concluido.

Comparación de cifras

La intervención de Elena Espinosa ha estado marcada por la reivindicación de las cantidades que invierte su ministerio en Galicia, entre las que ha destacado 31 millones para ayudas a la mecanización agraria; más de 75 para conservación, mejora y fomento de razas puras; 15,4 millones en la devolución del impuesto sobre hidrocarburos y 22,1 millones de subvención para seguros agrarios, entre otras.

Un "esfuerzo" que su departamento realiza "año tras año" en sus cuentas y que ha llamado a comparar con las que presentará "esta semana" el Gobierno gallego.

"Galicia sale beneficiada de cualquier comparación", ha proclamado, tras defender que, aunque las cifras de los PGE este año decrecen en cuanto a la comunidad —un 23 por ciento—, lo hacen siete puntos menos que la media española —un 30—.