Los edificios administrativos que se construyan a partir del año 2016 en el País vasco deberán ser diseñados de modo que su consumo de energía y las emisiones derivadas del mismo sea cero, según establece el anteproyecto de Ley vasca de Lucha contra el Cambio Climático.

La consejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Pilar Unzalu, ha comparecido ante la Comisión de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Parlamento vasco, a petición de Aralar, para informar sobre el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, una iniciativa "pionera en el Estado", que actualmente se encuentra en fase de alegaciones y que previsiblemente será aprobada en Consejo de Gobierno en marzo de 2011.

La titular de Medio Ambiente ha explicado que la nueva ley tiene un doble objetivo, ya que "pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y establecer el marco de las políticas de adaptación en esta materia".

Asimismo, ha recordado que el cambio climático es una de las prioridades del Ejecutivo y ha apostado por "encararlo de forma transversal y eficaz".

Unzalu ha explicado que el Gobierno vasco prepara un nuevo Plan vasco de Lucha contra el cambio climático que tendrá como horizonte los años 2011-2020 y que deberá ser aprobado ante del 31 de marzo de 2011. En este sentido ha defendido que la ley es un marco y que el texto que va a ser "dinámico" será el Plan de lucha, sometido a revisiones cada cuatro años.

Por otro lado, ha señalado que la dependencia energética en Euskadi es "altísima", ya que sólo llega a un 5 por ciento de producción de energía mediante fuentes renovables. Por ello, ha apostado por debatir esta situación y decidir el mix energético. Sin embargo, ha reconocido el esfuerzo "impresionante" realizado por la industria vasca para adecuarse a la realidad actual y ha señalado que ha reducido sus emisiones en un 35 por ciento desde 1990. "Debe seguir adecuando sus estructuras productivas a las necesidades reales y tendencias actuales", ha indicado.

"cambio de cultura"

La consejera ha reiterado que su Departamento se quiere centrar en el "cambio de cultura", que debe inspirar el Gobierno y el resto de Administraciones. En concreto, ha señalado que la política debe ir dirigida a reducir las emisiones procurando una transición hacia una economía basada en las tecnologías bajas en carbono e innovadoras, que sean capaces de promover empleo verde y mejorar la competitividad.

La viceconsejera de Medio Ambiente, Nieves Terán, por su parte, ha explicado que la ley constituye un "novedoso" marco legal en materia de cambio climático que actúa transversalmente en los ámbitos de la energía, el transporte, la ordenación territorial, el urbanismo, la vivienda, la educación o la agricultura. "Debe ser una ley general que incida en la práctica totalidad de las políticas sectoriales y ser objetivo de amplio consenso institucional y social", ha defendido.

Según Terán se trata de una ley "en su justo término para abarcar distintos ámbitos, y no es ni técnica ni reglamentista". El texto establece los principios y orientaciones que deben regir las políticas sectoriales de las Administraciones públicas vascas para incorporar la variable climática a sus propios planes y decisiones sectoriales.

El objetivo es "reorientar" la planificación de los diferentes sectores económicos, los procesos de edificación y uso del suelo, las decisiones de planeamiento territorial y urbanísticos, desarrollo de tecnologías y diferentes instrumentos administrativos. "Busca reorientar estas políticas teniendo la necesidad de mitigar emisiones y de adaptarnos al cambio climático", ha señalado.

Ley "corta y general"

La viceconsejera ha explicado que se trata de una ley "corta y general" con 33 artículos estructurados en un capítulo preliminar y en ocho capítulos. Además, tiene seis disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

La ley regula el ejercicio de competencias de las distintas Administraciones Públicas vascas en materia de lucha contra el cambio climático y señala que los objetivos de reducción de emisiones de gases invernadero serán los que fije el Plan vasco de Lucha contra el Cambio Climático.

Además establece que las Administraciones Públicas vascas deberán elaborar programas propios de cambio climático que les permitan concretar las actuaciones a llevar a cabo. Se deberán desarrollar en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la ley, salvo en el caso de los municipios de menos de 200.000 habitantes, que desarrollarán los planes en el plazo de cuatro años desde su entrada en vigor.

En el campo de la eficiencia energética, las Administraciones Públicas y los entes del sector público vasco, impulsarán el ahorro y la eficiencia energética, así como la utilización de combustibles menos intensivos en carbono en los sectores de actividad consumidores de energía. Para ello, deberán desarrollar planes de eficiencia energética y de utilización de las energías renovables en sus ámbitos de actuación.

Por otro lado, las Administraciones públicas velarán por que en los proyectos de nueva construcción y de rehabilitación de edificios, y en la ejecución de obras de urbanización, se integren medidas que impulsen el ahorro y la eficiencia energética. En concreto, en su disposición adicional quinta, establece que los edificios administrativos que se construyan a partir del año 2016 en el País vasco, deberán ser diseñados de modo que su consumo de energía y las emisiones derivadas del mismo sea cero.

Asimismo, el texto establece que los promotores de toda gran obra pública o privada que se ejecute en Euskadi deberá incorporar a su proyecto un análisis de vulnerabilidad al cambio climático y las medidas para gestionar este riesgo. La ley también incluye medidas dirigidas al planeamiento urbanístico y territorial, el transporte y la movilidad, el desarrollo agrario o la gestión de residuos, entre otros.

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