El portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Adolfo Barrena, exigirá en el próximo pleno que el Gobierno aragonés publique en el plazo máximo de un mes un decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que evite que quienes hayan agotado la prestación por desempleo, no tengan ingresos superiores a los 25.000 euros anuales, ni tengan otro inmueble en propiedad, sean desalojados de su vivienda habitual, bien por imposibilidad de afrontar el alquiler o bien por sufrir procesos de embargo o desahucio.

IU, a través de una moción dimanante de la interpelación que Barrena formuló en la pasada sesión plenaria al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente, pedirá también la aprobación de otro decreto, denominado de medidas urgentes en materia de vivienda social.

Su objetivo será garantizar a toda la ciudadanía que acredite las condiciones que en él se establezcan "una vivienda social digna por el tiempo que se mantengan las condiciones económicas, sociales y familiares que han hecho necesario el recurso a la vivienda social", ha informado IU en un comunicado.

Esta formación pedirá, además, que el Ejecutivo autonómico ponga en marcha medidas de urgencia que permitan a la ciudadanía aragonesa con ingresos inferiores a 25.000 euros anuales y sea adjudicataria de una Vivienda de Protección Oficial (VPO) recibir ayudas públicas "que resuelvan los problemas generados por el Ministerio de Vivienda de suprimir las ayudas directas para la entrada de una VPO".

En cuanto al Plan estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, IU propondrá al Gobierno aragonés que requiera al ministerio del ramo las garantías necesarias para que pueda desarrollarse en su totalidad el convenio firmado con Aragón para su aplicación.

Por último, Barrena propondrá la suspensión todas las licitaciones que el Departamento de Obras Públicas y la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón tienen previstas para actuaciones en iglesias y bienes religiosos "y no proceder a la planificación y programación de ninguna otra intervención en edificios patrimonio de la Iglesia católica o cualquier otra confesión religiosa".