Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (

Tsj cyl) desestima la suspensión cautelar de las obras del futuro centro penitenciario de la capital soriana, en el paraje la Laguna, según informó hoy el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

Martínez explicó que el auto dice que "no ha lugar para paralizar las obras ni para anular el convenio", suscrito entre el Ayuntamiento de Soria y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siep), por la que la sociedad pública se comprometía a aportar un millón de euros a la capital por la construcción de la cárcel.

El convenio fue recurrido ante los tribunales por el grupo político Iniciativa por el Desarrollo de Soria (Ides), que cuenta con dos concejales en el Consistorio. El Juzgado Contencioso Administrativo de Soria se declaró 'incompetente' para juzgar esta causa que acabó en el Superior de Justicia de Castilla y León.

El alcalde dijo que la noticia "es positiva" y que el convenio "no es lesivo" sino "beneficioso" porque "va a ser una inversión importantísima para la ciudad y echa por tierra todos los argumentos para impedir la construcción del centro penitenciario".

Además, acusó a PP e Ides de impedir que el Ayuntamiento cobre cuatro millones de euros en licencias municipales, después de aprobarse una moción en el Ayuntamiento por la que se cambiaba la catalogación de suelo de rústico a rústico con protección especial.

Distinta lectura para ides

Para Ides, sin embargo, el auto es "una rápida respuesta del TSJ a la pieza separada de suspensión del recurso contra la macrocárcel", y dice esperar que "en pocas semanas se pronunciará sobre la demanda de los independientes por la que reclaman al Gobierno de la Nación la inversión de 15 millones de euros a la ciudad de Soria" por el inicio de las obras de la cárcel.

Asimismo, Ides afirma que "lo que se sabe a día de hoy es una simple pieza separada de suspensión que no afecta al recurso que Ides presentó", y para ello se basa en uno de los razonamientos jurídicos del Alto Tribunal en el que dice: "en ningún caso se produce la pérdida de la finalidad legítima del recurso".

Los independientes insisten en que se paralicen las obras de la macrocárcel y el dinero previsto (90 millones de euros) se destine "a las autovías".