El vicepresidente de la Diputación de Castellón Vicent Aparici será juzgado el próximo 23 de noviembre acusado de atentar contra la salud pública por permitir vertidos tóxicos y peligrosos. La fiscalía pide para él siete años de prisión y ocho años de inhabilitación como cargo público.

Así lo ha explicado en un comunicado el portavoz de Iniciativa en las comarcas de Castellón, Carles Mulet, quien considera que una persona a la que se le pide prisión por estos hechos, "no puede continuar, al mismo tiempo, como responsable de Medio Ambiente de la Diputación y, por lo tanto, como máxima jefe provincial en temas como los vertederos y los residuos".

Para Mulet, "desgraciadamente, como el PP es de todo menos un partido ético y democrático, lo que está haciendo Aparici agarrándose a la poltrona, es seguir el ejemplo de la casa". "Una persona como estas, ya condenada en su día por robar zapatos, no puede estar cobrando de nuestros impuestos", ha manifestado el dirigente de Iniciativa.

El portavoz ecosocialista ha indicado que "la defensa que ha hecho Aparici siempre no ha sido negar esos vertidos, sino justificar que antes ya se hacían". Por lo tanto, según Mulet, "quien ahora nos rige en materia medioambiental, reconoce que mientras fue alcalde de la Vall d'Uixó, permitió que se echaran sin control sustancias que han acabando contaminando los acuíferos de toda la comarca y poniendo en peligro a las personas". "Pero claro, —ha añadido— su jefe, Carlos Fabra, también disfrutaba distribuyendo fitosanitarios ilegales, saltándose los controles sanitarios"

En ese sentido, el portavoz ecosocialista ha expuesto que "en un partido como el PP, posiblemente a Aparici este juicio, y una hipotética condena, le servirán para subir un escalón más y situarse a la altura de los dirigentes autonómicos del partido, donde quien manda debe tener el currículum con imputaciones, condenas o persecución judicial". "Igual tiene una recompensa por estos méritos", ha subrayado.

Carles Mulet ha manifestado que "personajes" como Vicent Aparici, Francisco Martinez o Carlos Fabra, "están cobrando astronómicos sueldos desde la Diputación, cuando no han sido elegidos directamente por la población para ocupar cargos de esa dimensión".

Por ello, "hace falta empezar a tomar conciencia de que a esta gente, a parte de por vía judicial, puede ser desplazada", pero ha explicado que "esto debe empezar desde los municipios, dando la cara y presentando alternativas políticas a la corrupción".