Mato (PP) valora los avances de la UE para acabar con los abusos a los agricultores

El eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, ha reclamado que se garantice que los agricultores europeos reciban unos "ingresos justos" por la venta de sus productos y aplaude la decisión adoptada esta semana por el pleno del Parlamento Europeo en la que se exige la prohibición de las prácticas abusivas en el comercio de productos agrícolas.

El eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, ha reclamado que se garantice que los agricultores europeos reciban unos "ingresos justos" por la venta de sus productos y aplaude la decisión adoptada esta semana por el pleno del Parlamento Europeo en la que se exige la prohibición de las prácticas abusivas en el comercio de productos agrícolas.

La decisión de la Eurocámara responde a la aprobación de un polémico informe en el que, explica en un comunicado Gabriel Mato, se incluye gran parte de las demandas realizadas por el Partido Popular español en este ámbito y entre cuyas acciones destaca el establecimiento de una catalogación de las prácticas abusivas de mercado, entre las que se incluyen las ventas a pérdida, así como su prohibición expresa por parte de la Unión Europea.

A su vez, con esta medida, el Parlamento Europeo promueve la introducción de sanciones para penalizar a los operadores que incurran en prácticas ilegales.

El eurodiputado del PP afirma que "actualmente los agricultores representan el eslabón más débil de la cadena de comercialización de los productos agrícolas y en caso de crisis de mercado, como la que se vive actualmente en muchos sectores, constituyen, sin duda, el colectivo más vulnerable".

Por ello considera que "es necesario que la Unión Europea adopte medidas que contribuyan a un mejor reparto del valor del precio de venta final". Añade que "los agricultores son las principales víctimas de los abusos de poder por parte de la gran distribución comercial, y en muchas ocasiones ni siquiera se benefician de los incrementos de los precios al consumo".

Para Gabriel Mato, "es hora de que la Unión Europea empiece a adoptar medidas legislativas para acabar con determinadas prácticas desleales, como las demoras en los pagos a los suministradores por parte de las cadenas de distribución comercial".

En opinión del eurodiputado popular, estas acciones resultan especialmente importantes y urgentes en un momento como el actual, en el que algunas de las principales producciones agrícolas europeas, en especial las canarias, atraviesan un momento difícil como consecuencia del retroceso del consumo y del incremento de la competencia de terceros países.

Marcados por la incertidumbre

Mato recuerda que cultivos especialmente significativos para la economía de las Islas, como el plátano y el tomate, viven momentos marcados por la incertidumbre. En el caso del primero, destaca la amenaza que conlleva la inminente reducción del arancel a las importaciones de banana de terceros países, mientras que la producción tomatera de las Islas se enfrenta de forma reiterada a la competencia "desleal" que ejercen otros países de su entorno, como es el caso de Marruecos.

Añade que estas circunstancias se han visto agravadas en los últimos días tras el reciente anuncio hecho por parte de las navieras de encarecer los fletes que se aplican al transporte de dichos productos y que en el caso de las producciones isleñas representa un importante coste. Por ello, insiste en que resulta imprescindible que se adopten decisiones firmes y urgentes para poder garantizar la supervivencia de estas actividades.

En la resolución en defensa de unos precios justos a los agricultores y de la mejora de la cadena de suministros de alimentos en Europa, el Parlamento insta también a la Comisión Europea a que presente una propuesta legislativa para limitar de forma eficaz el desarrollo de posiciones dominantes en los mercados de productos agrícolas, tanto por parte de la distribución, como de la industria de transformación y de los productores.

En el dictamen, elaborado por propia iniciativa, la Eurocámara solicita además a la Comisión Europea y a los Estados miembros que promuevan contrataciones justas entre todos los participantes de la cadena de suministro de alimentos, basadas en condiciones negociadas con los agricultores y con las organizaciones de productores.

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