El Grupo del Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado una iniciativa no legislativa en la Cámara autonómica para reclamar que el gallego se convierta "lengua normal de trabajo y de uso preferente" en la Administración de Justicia, en cumplimiento con la Ley de Normalización Lingüística, el Plan de Normalización da Lingua Galega, de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias —ratificada por el Gobierno central— y la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos de la Unesco.

En rueda de prensa este miércoles en Santiago, el parlamentario del Bloque Bieito Lobeira ha explicado que no se trata de una "imposición", sino de "garantizar el derecho de los administrados". "No es posible impartir justicia justa si no se conoce la lengua de los administrados, cuyos derechos están por encima de los de los jueces", ha manifestado.

Así, el diputado del Bloque ha incidido en que sólo el 3,5 por ciento de los actos judiciales se realizan en el idioma propio, lo que supone una "escandalosa ausencia" del gallego en un ámbito que, con estas cifras, supone el que "más vulnera" el carácter de cooficialidad del gallego.

En este contexto, Lobeira avisa de que el hecho de que el gallego sea una lengua "proscrita" y "vetada" no se debe a la "falta de voluntad" de los profesionales, sino a una "evidente falta de medios" y, en base a ello, sustenta la iniciativa presentada este miércoles, que pide más instrumentos de trabajo para todos los miembros del cuerpo judicial.

El parlamentario advierte de dificultades técnicas y de que se está "caminando hacia atrás como los cangrejos". "Hace tres años era posible usar más el gallego que hoy, por la actitud contraria a la normalización de este Gobierno", ha reprochado el diputado del Bloque, que denuncia, entre esos obstáculos, que el nuevo programa Minerva hace incompatible su uso con el gallego.

A mayores, sumó el hecho de que tampoco existe documentación jurídica en el idioma de Galicia, con lo que se provoca una situación de "autotraducción" en los casos en que los trabajadores en este ámbito están comprometidos con el uso del gallego. Esta situación lleva a "duplicar" el trabajo, así como a que los usuarios de la Justicia empleen el castellano para sus actos judiciales, ya que la situación contraria "dilata" la resolución de los conflictos. RECLAMACIONES

En la proposición no de ley, el BNG reclama que se adopten medidas en el ámbito personal, social, de dotación de medios, competencias y notarías para que el gallego sea lengua "normal de trabajo y uso preferente" en este ámbito. Para ello, ve "indispensable" que las personas encargadas de impartir Justicia y funcionarios tengan dominio "oral y escrito" del idioma propio.

La iniciativa, entre otras cuestiones, demanda que el gallego sea un requisito en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, así como que se impartan de forma regular y sistematizada cursos de lenguaje jurídico gallego básico.

En el ámbito social, reclama que se diseñe y se pongan en marcha campañas de información y popularización sobre los derechos lingüísticos de los ciudadanos. En cuanto a la dotación de medios, demanda volcar al gallego las aplicaciones informáticas, elaborar manuales jurídicos o desarrollar trabajos y documentos del Instituto de Medicina Legal de Galicia en lengua propia.

Al respecto de las competencias, pide trasladar al Tribunal Constitucional, al Supremo y al Consejo General del Poder Judicial un escrito para recordar la legalidad vigente sobre los derechos lingüísticos en Galicia, sobre todo, en lo que respecta a la toponimia.

Además, reclama que elaborar una normativa que garantice, en el ámbito específico de las notarías, el derecho "inalienable" de las personas al uso de la lengua gallega en todas las actuaciones, así como que existan indicaciones en todas ellas en las que se indiquen los derechos a usar la lengua propia y que estas señalizaciones estén en lugares visibles.

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