La mayoría de las comunidades autónomas no secundarán la "rebelión" anunciada por Navarra y Murcia y aplicarán la nueva ley del aborto, aunque las gobernadas por el PP han expresado sus reticencias y confían en el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de ese partido contra la norma.
El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), aseguró este lunes que "no hay razones para acatar la ley". Por su parte, Navarra reiteró que en su territorio no se practicarán interrupciones voluntarias del embarazo. Mientras, el resto de CC AA manifestaron este martes su intención de aplicar la ley.
Asimismo, el PP reconoció este martes, a través de su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, que la ley "es aplicable" al haber entrado en vigor este lunes, aunque reclamó al TC que resuelva cuanto antes el recurso de su partido.
Mientras, el Gobierno a través de la Abogacía del Estado, solicitó al Constitucional que no suspenda la ley, al considerar que las normas aprobadas por las Cortes gozan de "presunción de legitimidad". El Gobierno, en boca de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, hizo también este martes un llamamiento a la responsabilidad de las autonomías y advirtió de que el Ejecutivo "pondrá en marcha todos los mecanismos jurídicos" para hacer efectiva la norma.
Opiniones de las autonomías
- Andalucía: Sería "infame" negarse a aplicar la ley porque el Boletín Oficial del Estado (BOE) "no es un menú a la carta", dijo la consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno. En la comunidad no hay constancia de que los médicos estén presentando objeción de conciencia y asistirán todos los supuestos.
- Aragón: Las leyes están para cumplirlas "gusten o no", considera el Gobierno aragonés, siempre "fiel" a las normas, según su vicepresidente, José Ángel Biel, para quien en un asunto así lo que cada persona tendría que hacer es aplicar la ley "en función de su conciencia personal", porque para los problemas jurídicos "ya están los tribunales".
- Asturias: El Gobierno del Principado ya ha comenzado a aplicar "con total normalidad" la nueva ley tanto en la red pública como en las cuatro clínicas concertadas, puesto que ya dispone de todo el material informativo necesario.
- Baleares: Su conseller de Salud, Vicenç Thomàs, garantizó el derecho al aborto en su comunidad y declaró que se podrán realizar interrupciones de embarazo tanto en los centros públicos como en los privados autorizados que el Govern concertará mediante un contrato.
- Canarias: Su Gobierno eludió pronunciarse sobre este asunto.
- Cantabria: La comunidad cuenta con un centro de salud sexual al que derivará a todas las mujeres que quieran abortar. Allí, se valorará cada caso y si el embarazo es de menos de 14 semanas se derivará a la paciente a una clínica privada concertada. Si el embarazo es de más de 14 semanas la intervención se efectuará en un hospital público. El Gobierno preguntará a los médicos si están dispuestos a realizar los abortos.
- Castilla-La Mancha: Aunque el Gobierno castellano-manchego quiere cumplir la ley, en la comunidad no hay ningún centro sanitario público donde pueda aplicarse porque no hay ginecólogos dispuestos a hacer intervenciones de este tipo. No obstante, hay dos centros concertados en Albacete y Ciudad Real. Además, la Junta ha creado un fichero de 'Objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo'.
- Castilla y León: La Junta cumplirá la Ley a la espera de que el TC se pronuncie sobre el recurso y, aunque ha realizado ya gestiones para aplicarla, ha criticado el corto plazo dado -cinco días hábiles- para realizar y repartir la documentación necesaria.
- Cataluña: También acatará la norma y, de hecho, ya ha previsto que un 50% de los abortos se traten en las unidades de atención primaria de ginecología.
- Comunidad Valenciana: Hasta que el TC dicte sentencia sobre el recurso del PP la Comunidad Valenciana cumplirá la ley y ya ha preparado a los centros. No obstante, su conseller de Sanidad, Manuel Cervera, cree que "las cosas no se han hecho bien" y que la norma es "un fracaso y una mala política más del PSOE y altera lo que funcionaba correctamente antes y desprotege a los profesionales".
- Extremadura: A la Junta no le gusta que ninguna mujer tenga que abortar, pero tampoco que, por hacerlo, tenga que ir a la cárcel. Es una ley más que hay que respetar y como "no obliga a nadie a nada", es de voluntad personal para mujeres, profesionales y centros, por lo que se aplicará en sus justos términos, indicaron fuentes del Ejecutivo extremeño.
- Galicia: El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la Administración autonómica está cumpliendo "taxativamente" la ley pese a discrepar con ella. No obstante, la Xunta también apoyará "siempre y de forma incondicional a todas las mujeres que quieran tener hijos, que es mucho más positivo e inteligente que el aborto".
- Madrid: "Cómo no. Madrid cumple todas las leyes", se limitó a señalar la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en tanto que el consejero de Justicia, Francisco Granados, recordó el desacuerdo "total y absoluto" de la Comunidad con la nueva ley, que "nadie demandaba" y que "divide a los españoles". Pese a ello, la obligación "es aplicarla", aunque "confiando en que el TC decida suspender su aplicación".
- País Vasco: La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, opinó que la norma es "absolutamente constitucional" y está enfocada hacia la "prevención y la seguridad". En el País Vasco está ya "todo preparado para aplicarla".
- La Rioja: El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, afirmó que la nueva norma se aplica en su comunidad "desde ayer", pero espera que el TC se pronuncie cuanto antes porque "los daños son irreparables".
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