En declaraciones a los medios, la responsable de CIG-Administración, Carmela de Santamaría, enfatizó el "rechazo total" hacia estas medidas y alertó de que el Gobierno gallego pretende "llevarlas más allá" para "privatizar servicios públicos".

Además, sobre la adopción de estas medidas, la sindicalista opinó que llevar a cabo "una trasposición literal" evidencia la "actitud cobarde" del Ejecutivo autonómico y su intención de "agravar aún más las políticas antisociales" que está poniendo en marcha.

De hecho, interpretó que el decreto aprobado en el Congreso de los Diputados "deja margen de maniobra suficiente para tomar otro tipo de medidas". "Podía evitar esa trasposición literal", insistió.

Condiciones función pública

Tras una pancarta en la que se podía leer 'En defensa de los salarios, del empleo y de los servicios públicos' y entre cánticos de 'No al recorte salarial ni al pacto social' y 'Huelga general', la responsable de CIG-Administración negó que los funcionarios tengan "un plus de resistencia", dado que "en muchos casos" sus salarios no llegan a los 1.000 euros y que la tasa de inestabilidad "supera el 20 por ciento".

"No estamos hablando de trabajadores con privilegios", proclamó, ante miembros de las federaciones de la CIG de Servicios, Salud y Administración Pública.

Finalmente, Carmela de Santamaría advirtió de que el sindicato nacionalista "no consentirá" que los gobiernos pretendan "hacer una división de la clase trabajadora". "Nosotros no somos los culpables de la crisis", concluyó.

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