Aralar denuncia que el Pacto Social por la Vivienda responde a "un modelo fracasado"

El parlamentario de Aralar Dani Maeztu afirmó hoy que su grupo en la Cámara vasca no suscribirá el Pacto Social por la Vivienda que impulsa el Gobierno autonómico, ya que este documento "pretende convertir la promoción privada de vivienda libre en motor exclusivo del desarrollo urbano" y responde a "un modelo fracasado".

Maeztu, a través de un comunicado, manifestó que el plan que el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, tiene previsto presentar el próximo miércoles, "se basa en una falsa premisa, la de que sólo la promoción de vivienda libre es capaz de afrontar los compromisos y las cargas de urbanización y ejecución de la ordenación urbanística".

De esa forma, a su juicio, "se pretende convertir la promoción privada de vivienda libre en motor exclusivo del desarrollo urbano". El parlamentario de Aralar reiteró la postura mostrada días atrás por su partido y explicó que no apoyará el documento del Gobierno vasco porque sigue la línea de "un modelo que ha fracasado".

"No servirá para frenar la especulación urbanística. Las líneas de actuación más operativas que se formulan en el documento pretenden una nueva desregulación del mercado del suelo, justamente la política que ha amparado la construcción de más vivienda de las necesarias", subrayó.

Maeztu indicó que "el mercado de la vivienda libre está colapsado", lo que "agrava la crisis económica y endeuda a las familias hasta puntos insostenibles". Frente a esta situación, propuso un giro en política de vivienda basado en tres ejes: "centrar la intervención pública en la revitalización y reforma de los espacios urbanos degradados, reorientar el sistema fiscal para dejar de primar el régimen de uso en propiedad, y facilitar la financiación de las viviendas de protección en alquiler".

El representante de Aralar reclamó la aprobación de "medidas legislativas que aseguren que la renovación urbana y la rehabilitación edificatoria se impulsen desde el planeamiento y la gestión urbanística pública". Además, consideró que los plazos que se marca el documento "no son creíbles".

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