El documento definitivo del Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación del Terrorismo, surgido del proceso negociador entre representantes del Gobierno del PSE-EE y el PNV, pretende "avanzar en un cambio de actitudes" en el conjunto de la ciudadanía vasca "orientado a asumir el sistema democrático como garantía de la convivencia en libertad". Además, cree que la convivencia democrática es compatible con la defensa "pacífica" de opciones alternativas al actual marco jurídico-político o sus instituciones.

El texto, al que tuvo acceso Europa Press, destaca que lograr una Euskadi de ciudadanos "libres e iguales en derechos y obligaciones" es "el objetivo que guía las acciones políticas de este Gobierno", que sólo se conseguirá "con garantías desde la defensa del sistema democrático y del Estado de Derecho".

Asimismo, señala que "terminar con el terrorismo de ETA es requisito necesario para asentar la libertad", y añade que "la deslegitimación política, social y ética del terrorismo es "una preocupación hondamente sentida y compartida por la inmensa mayoría de la sociedad vasca y se erige en objetivo prioritario para este Gobierno, indisolublemente unido al de acabar con el terrorismo de ETA".

El Gobierno asegura, en el documento, que "afianza la lucha contra el terrorismo desde tres ámbitos de actuación que se complementan: la persecución y detención de terroristas, utilizando todos los medios legales que permite el Estado de Derecho, la crítica y combate de las actitudes y comportamientos que den cobertura y justificación a la violencia terrorista, y el fomento y universalización de los valores democráticos".

A su juicio, la convivencia "depende, en gran medida, de la interiorización de los valores democráticos y del acierto en el esfuerzo invertido para deslegitimar cualquier expresión de violencia que encuentre todavía alguna justificación".

Además, apunta que "la deslegitimación de la violencia y la educación en valores democráticos son factores decisivos que preparan y predisponen a una sociedad para una convivencia más justa basada en la igualdad y en la asunción del pluralismo como su principal seña de identidad".

Sin embargo, apunta que "difícilmente" se puede "avanzar en la profundización" de estos valores "sin reivindicar de forma decidida y clara el sistema democrático".

En este sentido, recuerda las declaraciones del lehendakari, Patxi López, que, en su sesión de investidura, manifestó: "Si queremos que el terrorismo desaparezca, no sólo tendremos que detener a terroristas, también deberemos reaccionar ante sus expresiones públicas y conseguir su deslegitimación social, especialmente en los ámbitos de la enseñanza, el asociacionismo y los medios de comunicación".

También subraya que el Parlamento vasco aprobó una Proposición no de Ley en la que instaba al Ejecutivo vasco a presentar una reformulación del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del anterior Ejecutivo "para incluir más nítidamente la necesaria deslegitimación ética, social y política del terrorismo".

Las víctimas

El Plan se refiere al "indudable calado político e incluso histórico" que ha tenido la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, y recuerda que, en su artículo 5.2, alude al "derecho a su reparación", que, entre otras medidas, comprende "la presencia del testimonio de las víctimas en proyectos de educación para la paz y la convivencia".

Además, resalta que el artículo 9.3 indica que "los poderes públicos vascos impulsarán la educación para la paz y en derechos humanos, así como la promoción de los valores democráticos, en todos los niveles del sistema educativo".

El Gobierno se muestra "convencido de que la memoria de las víctimas del terrorismo constituye la defensa permanente de la tolerancia y la pluralidad política de la sociedad vasca, pues se convierten en víctimas por representar de una forma u otra precisamente esa pluralidad, porque no encajaban en la visión uniforme y homogénea de sus agresores". "La causa por la que fueron agredidas se convierte en elemento constitutivo de los valores democráticos", asevera.

Bajo estas premisas, destaca que ha realizado "una relectura comprensiva del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos", presentándolo con la forma de "texto refundido".

En este sentido, explica que "lo hace porque ya en su definición y marco general no existía un planteamiento convergente" con el del nuevo equipo de Gobierno, al considerar que hay que "poner el foco y la prioridad máxima en la intervención sobre la convivencia democrática y la deslegitimación de la violencia".

El Plan asegura que esta "reformulación va a constituirse en un instrumento necesario, útil e idóneo para la erradicación de planteamientos que persistan en legitimar" el uso de la violencia para conseguir cualquier objetivo político.

Además, subraya que pone a disposición de la sociedad, y, en particular, de las nuevas generaciones, "recursos y destrezas" que les permitan "cultivar hábitos y actitudes éticamente saludables acordes con una cultura de tolerancia y de valores que es imprescindible promover y salvaguardar en una sociedad democrática y moralmente justa".

Por ello, el texto se propone "un objetivo claro: avanzar en un cambio de actitudes en el conjunto de la ciudadanía orientado a asumir el sistema democrático como garantía de convivencia en libertad" porque "la democracia y las instituciones políticas en las que se sustenta son las garantes de la convivencia".

En esta línea, subraya que "la convivencia democrática es compatible y congruente con la defensa de opciones alternativas al marco jurídico político vigente o a sus instituciones, siempre que se defiendan de manera pacífica y democráticamente".

"La legitimación de las instituciones democráticas, junto a la defensa de los valores de tolerancia y libertad personal se convierten en los elementos fundamentales para la erradicación y deslegitimación radical de la violencia terrorista", indica.

Marginar la justificación

Su fin es dar "nuevo impulso al objetivo de marginar definitivamente las actitudes y opiniones que, al no reconocer el valor de la vida humana, el sistema democrático y los valores de la tolerancia, la pluralidad política y libertad personal, pueden abrir el camino de la justificación de la violencia terrorista".

En este contexto, apunta que el Plan de Convivencia constituye "una puerta de entrada imprescindible para una verdadera y auténtica educación en valores éticos y democráticos".

Según apunta, estos planteamientos "suponen marcar una clara prioridad y un aporte adicional a los principios y actuaciones contenidos en el Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos" del anterior Ejecutivo.

Asimismo, afirma que suponen "el punto de partida para abordar, con rigor y seriedad, una verdadera educación en derechos democráticos y en derechos humanos, junto a la defensa de las instituciones que hacen posible su existencia".

En este sentido, asegura que el nuevo documento "introduce, como novedad singular, convirtiéndola en principio rector, la idea de que el respeto y defensa de las instituciones democráticas, la defensa de los valores democráticos de pluralismo y tolerancia, como pilares de la convivencia pacífica y de la erradicación de las posiciones totalitarias justificadoras del terrorismo".

"La presencia de los testimonios de las víctimas y su memoria se convierten en recordatorio permanente de las consecuencias dramáticas del ejercicio de la violencia ilegítima, de la vulneración del derecho a la vida y del abandono de los valores democráticos", manifiesta.